El pistoletazo que marcó la salida a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica lo dio la Conferencia de Presidentes. En 2014 tocaba revisar el sistema aprobado en 2009, pero Rajoy consideró que no se daban las circunstancias para abrir el melón de la financiación territorial. Sin embargo, ahora no opuso ninguna resistencia a discutir sobre el reparto de recursos. En 2014 contaba con una cómoda mayoría absoluta y el PP gobernaba en once comunidades autónomas, mientras que ahora se encuentra en minoría parlamentaria y sólo gobierna en cinco regiones (Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia). En el anterior mandato estaba en condiciones de imponer sus criterios, en el presente serán otros los que impongan sus criterios al Gobierno del PP. Sólo hay una cosa que tiene Rajoy a favor, de la que carecía en el pasado: el comportamiento al alza de la recaudación fiscal. En la actualidad, los ingresos fiscales crecen por encima del aumento del PIB. No se trata de un hecho menor, precisamente. Hasta la fecha, el consenso sobre la financiación autonómica siempre se logró poniendo el Gobierno central más recursos sobre la mesa. Los años en que aumentan los ingresos fiscales constituyen el escenario adecuado para que se pueda llegar a un pacto entre territorios.

En la Conferencia de Presidentes se acordó que la negociación del sistema de financiación autonómica empezara con un estudio de expertos en la materia. Los gobiernos regionales han elegido a profesores de Hacienda Pública. En el caso de Asturias, el Principado ha designado a Carlos Monasterio, con más de treinta años de trabajos sobre la materia. Es probable que en nuestra región no haya ninguna persona más cualificada que Monasterio para desempeñar ese cometido. De los expertos se espera que hagan un trabajo equilibrado, dejando a un lado los subjetivismos de la política, y que presenten un estudio flexible con distintas opciones. A los barones autonómicos y al Gobierno central les tocará decidir el volumen de recursos que se incorporarán al sistema. Los gobiernos regionales tienen una bien ganada fama de manirrotos. Todo el dinero les parece poco para financiar los servicios públicos. Es importante que los dirigentes autonómicos asuman la problemática del Estado ya que no puede repuntar el déficit por culpa del gasto público. Para empezar con buen pie es preciso que los expertos realicen un trabajo impecable.