Podemos solicita una comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación subvencionados por el Principado. Registran la iniciativa en la Cámara autonómica a las pocas semanas de organizarse el gran revuelo con la intervención de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central de la UGT, que fue acompañada de la detención de varios miembros de la anterior dirección del sindicato; entre otros, Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT durante los últimos dieciséis años. El partido morado desea evaluar la gestión y el control de los fondos aportados por el Principado, tanto en lo que se refiere a la formación, como otros contenidos en la concertación social.

En la anterior legislatura, la comisión parlamentaria sobre el ‘caso Renedo’ desempolvó un instrumento clásico que tiene la oposición para controlar al poder, como son las comisiones de investigación. Que yo recuerde hay que ir hasta el año 1998 para encontrar un precedente, con la investigación sobre los fondos mineros, todo ellos vinculado al calor de la crisis del Gobierno de Marqués con el aparato nacional del PP de Aznar. Aquella comisión quedó en intento fallido y al Parlamento asturiano se le quitaron las ganas de volver a investigar. Desde 2013 hasta aquí, las comisiones de investigación tuvieron un desarrollo insatisfactorio. El resultado final es muy mediocre porque se abordan con escasa ambición, tratando de agotarlas en un escaso periodo de tiempo, y con un enfoque sesgado por parte de los intervinientes. Verbigracia. Si se debate sobre las listas de espera no es de recibo que pasen los principales responsables políticos de la sanidad de los últimos años para decirnos que nunca se manipularon las listas ni hay ningún tipo de favoritismo. No pueden comportarse como los acusados en un juicio penal, dispuestos a negar cualquier cosa, porque nadie les acusa de nada.

La investigación parlamentaria sobre las subvenciones del Principado a los cursos de formación es completamente pertinente. Hay un gran recelo en la sociedad acerca del destino final de esos dineros. Si la gestión fue tan escrupulosa como dice el consejero de Empleo, Francisco Blanco, no debe tener el grupo socialista ninguna razón para rechazar la comisión de investigación. Los que se apuntaron al discurso de la regeneración democrática están obligados a darle un papel activo al Parlamento.