El PSOE está dispuesto a trasladar a la Junta General del Principado la decisión sobre la investigación parlamentaria de las subvenciones a los cursos de formación dadas por el Principado a las centrales sindicales y la patronal. Los socialistas no dan el plácet a la comisión de investigación que permitiría su constitución en el Parlamento, optando por trasladar el asunto a la Cámara para que allí se debata sobre su conveniencia. Fernando Lastra considera que el Parlamento no debe tratar cuestiones que están judicializadas. Es más, el portavoz socialista prefiere que se investigue sobre asuntos del presente mandato, en vez de volver la vista hacia el pasado. Para que no haya dudas sobre su valoración, juzga de poco útiles las comisiones de investigación que se sustancian en la Junta General del Principado.

Las comisiones de investigación no son una perita en dulce para los gobiernos. Normalmente, constituyen un arma que utiliza la oposición para que el Ejecutivo rinda cuentas. Es lógico que a los socialistas no les guste que se ponga el foco de atención sobre las listas de espera en la sanidad o sobre la gestión de las subvenciones del Principado a los cursos de formación. No logran nada positivo con ello y es muy probable que reciban más de una crítica. Aceptar las comisiones o poner todo tipo de trabas legales para que cumplan su cometido depende de la asunción que tenga cada gobierno de los valores democráticos. Como alguna vez tiene declarado María Jesús Álvarez, que fue durante doce años presidenta de la Cámara autonómica asturiana, «el Parlamento es la casa de la oposición», y los gobiernos deben facilitar que así sea.

A mí no me parece normal que el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, declare a todo el que quiera oírlo que la gestión de las subvenciones a la formación no sólo fue correcta, sino que el Principado incurrió en exceso de celo, y que el Parlamento del que emana el Gobierno asturiano no pueda investigar a ver si es cierto lo que dice el consejero.

El manejo de las subvenciones realizado por UGT está en fase de instrucción sumarial. No sabemos si derivará en la apertura un juicio oral o no. Es probable que hasta dentro de dos o tres años no haya terminado el periplo judicial. Es absurdo que las instituciones asturianas se inhiban por esa circunstancia. Si quieren tener en cuenta los intereses generales, el Gobierno y sus aliados deben acceder a la petición de Podemos.