Un grupo de hacendistas interesados en la financiación autonómica, en el que están profesores y funcionarios asturianos, como Carlos Monasterio y Roberto Llera, ha presentado un estudio en el que pide la revisión del cupo vasco y navarro para aumentar la solidaridad entre los territorios. Para un especialista en financiación territorial el régimen económico que regula las cuentas del País Vasco y Navarra es irregular porque no guarda equidad con los establecidos para otras regiones. Para empezar, el Estado no recauda ni un euro en esos territorios, mientras que en Asturias, Andalucía, Aragón o Cataluña, la mitad del IRPF y del IVA va para las arcas del Ministerio de Hacienda, así como 100% del Impuesto de Sociedades o el 42% de los Impuestos Especiales (tabaco, hidrocarburos, alcohol), por citar los cuatro principales figuras fiscales del sistema tributario español. Como el Estado presta una serie de servicios en todas las comunidades autónomas, el País Vasco y Navarra pagan por ello un cupo. Y aquí viene la segunda y definitiva anomalía. El susodicho cupo no se calcula de forma rigurosa sino que es sometido al tejemaneje de una negociación política entre el Ministerio de Hacienda y la Consejería de Hacienda del Gobierno vasco, que siempre termina escandalosamente sesgado a favor de los intereses del Gobierno de Vitoria.
El cupo tiene una duración quinquenal. Tocaba revisarlo en 2011, pero ante la falta de acuerdo lleva prolongándose desde entonces hasta ahora. El Gobierno vasco no cede en sus privilegios y va a aprovechar la debilidad del Gobierno de Rajoy, en minoría en el Congreso de los Diputados, para forzar un acuerdo que prolongue el fuero de los privilegios. Si quiere el Gobierno del PP aprobar los presupuestos para el presente año tendrá que concederle al PNV el beneficio de firmar un cupo favorable para sus intereses.
En estos años de impasse sin llegar a un acuerdo, el Gobierno de Vitoria manifestó que pagaban más de la cuenta, porque el PIB del País Vasco había bajado en relación al español, y porque la población de esa región representa un porcentaje menor con respecto a la española. La realidad de lo que cobra el Estado del cupo vasco rebate por sí misma toda la argumentación vasca. Los presupuestos del Estado prevén ingresos por valor de 1.500 millones de euros, pero la transferencia real de dinero del País Vasco se queda en 850 millones. Una broma consentida por los sucesivos gobiernos de España.