El embrollo en que ha devenido la actividad en la Junta General del Principado, con iniciativas anecdóticas provocando retraso en el tratamiento de cuestiones importantes, no tiene culpables. Nadie se hace cargo de la falta de eficacia de una Cámara representativa que pierde a cada día que pasa la capacidad de representar los intereses de los asturianos. El Gobierno socialista no reconoce fallos. Como el papel lo aguanta todo, se apresta a afirmar que ejecuta todos los mandatos que recibe del Parlamento. La oposición asegura lo contrario, que la apatía del Gobierno le obliga a plantear iniciativas para que el mandato del plenario sea efectivo. En realidad, la culpa del embrollo está repartida y tiene su origen en la dimensión mediática, teatral, en que ha convertido la actividad parlamentaria. No es algo privativo del Parlamento asturiano. Los plenos del Ayuntamiento de Gijón, televisados por Canal 10, muestran claramente cómo los concejales hablan para quedar bien ante sus clientelas, olvidándose de los intereses generales de la ciudad. Una de las consecuencias de esa forma de proceder consiste en el abordaje de cuestiones ajenas a la competencia de la institución. Se ve como normal que un Parlamento autonómico trate sobre el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones entre EE UU y la Unión Europea, o que grupos municipales se posicionen a favor de que su ayuntamiento se sume al llamado ‘Espacio Libre de Apartheid Israelí’, cuando en realidad intentan institucionalizar el boicot a Israel. Son cosas disparatadas, ajenas al cometido de la Junta General del Principado o de las corporaciones municipales, pero nadie tiene un gramo de sensatez.

Guillermo Martínez, portavoz del Gobierno, centra las críticas en Podemos. El atasco en el Parlamento sería fundamentalmente por culpa del partido morado. Entiendo que el PSOE ataque a uno de los dos grupos que ha mantenido una postura nítida de oposición (el otro grupo es Foro) durante toda la legislatura, pero el entorpecimiento de la labor legislativa no se debe a nueve diputados, solamente, sino que es una labor solidaria de los seis partidos representados en la Cámara. El propio Gobierno socialista tiene un sentido muy particular de lo que deben ser los acuerdos parlamentarios, al entender que pasan por aprobar sus propuestas con algún retoque. No creo que al Gobierno le desespere el colapso del Parlamento. Con una excepción: el crédito de los 23 millones.