Gobierno socialista y Partido Popular han suscrito el acuerdo sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La reforma de tributo se centra en los herederos directos, quedando fuera todos los demás casos. Para entendernos: cuando los bienes provienen de un hermano o de un tío, se recibe una pequeña parte, mientras Hacienda se queda con la mayoría. Para los herederos directos se sube el mínimo exento de los 200.000 euros (ley de presupuestos) a los 300.000, y se corrige el error de salto, mecanismo perverso por el cual al superar el mínimo exento se pagaban 18.000 euros más. Esa era al menos la cantidad que tocaba abonar cuando el mínimo estaba en los 150.000. A partir de ahí se mejoran las condiciones, en especial cuando se trata de la transmisión, “mortis causa”, de empresas familiares.

Salvo las personas o grupos que tienen una visión radical de izquierdas y que prefieren que todo sea para el Estado porque de esa manera se iguala la riqueza de los ciudadanos (en realidad, la pobreza) y nadie tiene más que otro por razón de nacimiento, el resto, la gran mayoría de la población, no se opone a las medidas acordadas por los dos principales partidos. Ahora bien, si miramos con detalle lo pactado, comprenderemos que queda lejos de las demandas de la ciudadanía. Es decir, el acuerdo del bipartito haría feliz a la gente de haberse suscrito hace ocho o diez años, pero en el presente la conciencia fiscal de los asturianos se ha hecho más crítica y quiere la supresión del tributo.

Para empezar, no se asume fácilmente la razón del impuesto. Tratándose de bienes que ya tributaron en vida del propietario, resulta extraño que sus familiares tengan que volver a pagar por ellos al recibirlos. Para que el impuesto resulte socialmente indoloro, el Gobierno dice que, a partir de ahora, sólo habrá 200 casos al año en que los herederos tengan que pagar. ¿Hay que creerlo? No presentaron ninguna documentación que avale la cifra. Para tener un criterio claro sobre la cuestión no hace falta incurrir en especulaciones. Centrémonos en lo que sabemos: en 2016, hubo 1.635 renuncias a herencias, nueve más que el año anterior. Representan el 16% del conjunto de las herencias. El porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas. Se rechazan porque resulta inasumible la carga fiscal, pese al valor sentimental que en muchas ocasiones conllevan los bienes a los que se renuncia. Conclusión: PSOE y PP no han dicho la última palabra sobre las herencias.