La reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, acordada por el Gobierno socialista y el PP, responde a un clamor popular que sobrepasa la letra de lo pactado. Cuando se produjo la negociación presupuestaria, Mercedes Fernández concentró todos los esfuerzos en una sola petición, la eliminación del tributo. Escoger ese objetivo venía marcado por el éxito de la plataforma ciudadana constituida para suprimir el impuesto. La base electoral del PP es la propia de un partido de propietarios y la queja en la calle estaba protagonizada por aquellos que les resultaba muy oneroso –o imposible– pagar el impuesto para recibir el patrimonio de sus familiares.

La solución acordada eleva sustancialmente el umbral de pago hasta los 300.000 euros. También se hace una reconsideración razonable para el caso de que esté en juego la transmisión de empresas familiares, con todo lo que conlleva asociado, fuente de riqueza y puestos de trabajo. Añadamos que, igualmente, se ha reformado lo tocante a las donaciones, para que el hecho de donar no sea cosa de extravagantes.

Desde una perspectiva política, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha encendido por primera vez la batalla fiscal en Asturias, una pugna que no tiene como protagonistas al PSOE y al PP, sino a un sector de la ciudadanía y al Gobierno socialista.

PSOE y PP coinciden en casi todo en Asturias, por eso ‘Cherines’, como antes Pérez Espinosa, y previamente, Gabino de Lorenzo, fueron los grandes valedores del Partido Socialista, dándole soporte cuando está en el Gobierno o ayudándole a recuperar el poder cuando los ciudadanos lo desalojaron del mismo.

RÉCORD

La oposición al impuesto está protagonizada por más de 108.000 personas que respaldaron con su firma el escrito que registró la plataforma contra el Impuesto de Sucesiones en el Principado, pidiendo la supresión del llamado ‘impuesto de los muertos’. Se trata de cerca del 15% de los electores. La derivada electoral es pertinente traerla a colación, ya que los portavoces de la plataforma han declarado que en caso de no ser escuchados barajan la posibilidad de constituirse en candidatura electoral y acudir al Parlamento con un solo objetivo: suprimir el tributo.

Por esa razón, el PSOE y el PP abordaron la reforma, con la intención de que sea un dique que frene la marea popular. Curiosamente, la misma batalla se ha empezado a dar en otras comunidades autónomas, como Andalucía o Extremadura, en las que los gobiernos socialistas tiraron de consigna ideológica y pusieron una carga fiscal a las herencias muy superior a las de otras regiones.

En Andalucía, Susana Díaz advirtió a los que protestan que «nunca vamos a favorecer a los ricos, ni a quienes heredan cinco, diez o quince millones». En boca de un político profesional las palabras nunca son inocentes. Da a entender la lideresa que el Impuesto de Sucesiones es un tributo pensado para gente millonaria y que el resto puede dormir tranquilo. En Asturias todo aquel que herede un piso valorado en 200.000 euros y unos ahorros de 100.000 euros, ya tiene que pagar.

Por no hablar de los numerosos casos en que los herederos son hermanos, sobrinos, etcétera. Entonces, el principal beneficiado es Hacienda. La consejera Dolores Carcedo valoró en 200 los contribuyentes que les tocaría pagar cada año. No mostró las bases de su cálculo. Sin embargo, ella sabe muy bien que en 2016, 1.635 personas renunciaron a heredar, lo que supone el 16% de todas las herencias. El mayor porcentaje de España.

Lo que no nos dijo nunca la consejera, ni los que le precedieron en el cargo, es lo que hace el Principado con esa formidable fortuna que les llega sin merecerla. ¿Hay una previsión de ingresos en el presupuesto por las renuncias de herencias? 1.635 patrimonios es un tesoro que añade nuevas responsabilidades a la tarea de gobernar. ¿Cómo se gestiona? ¿Contrataron a más funcionarios? ¿Esperan sacar los bienes a subasta para quitárselos a la clase media y ponerlos en manos de los profesionales de hacer negocio con las desgracias ajenas? Ni una palabra.

DISPARATES

Dejando a un lado los sentimientos, sobre el Impuesto de Sucesiones operan dos malos entendidos. Los gobiernos autonómicos –socialistas por más señas– que tienen el gravamen más alto del impuesto culpan a los demás gobiernos de la contestación popular contra el tributo. Puestos a desvariar, hablan de «dumping fiscal» (sic), y piden al Gobierno de España que fije un mínimo de obligado cumplimiento. Susana Díaz ha llegado a proponer a Rajoy que rescate el Impuesto de Sucesiones de las garras de los líderes autonómicos. Es la primera vez que un presidente autonómico propone reducir el autogobierno.

Vamos a ver. En todo el mundo la gente quiere pagar menos impuestos, y resulta que se pide la penalización de los únicos gobiernos, como el de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hacen caso a los contribuyentes.

Los dirigentes de izquierdas dicen que cualquier bajada de impuestos les debilita en la negociación de la financiación autonómica. En su ceguera ideológica aspiran a esquilmar las carteras de sus ciudadanos y que después el Estado les dé como premio más recursos con el dinero de otras regiones. El progreso consiste en enriquecer a la Administración.