El descubrimiento de una nueva trama corrupta eleva la temperatura política. El meritorio trabajo de policías, fiscales (cuando les dejan) y jueces saca a la luz comportamientos deleznables de individuos que mandan mucho en nuestro país. La “operación Lezo” sigue la senda de “Gürtel” y “Púnica”, con el PP de Madrid como eje del mal. Al tirar de la manta se ha visto las vergüenzas al expresidente de la comunidad autónoma, Ignacio González, al consejero delegado de unas de las empresas más fuertes del país (Javier López, de OHL), ya condenado a seis meses de prisión en el juicio de las tarjetas “black” e investigado en el sumario de la Púnica, y a un personaje como Edmundo Rodríguez, consejero delegado de Audiovisual Española 2000, que se le señala como un elemento clave en el vaciamiento de recursos de la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid, por el conocido método de pagar por un bien una cantidad muy superior a su valor, y con el dinero ya puesto fuera del país, empieza un complicado viaje por sociedades interpuestas para terminar, unas veces, en paraísos fiscales y, en otras, en Suiza, que es la gran patria del dinero ajeno.

Cuarenta seis millones de españoles escandalizados y desde el aparato del PP no hay respuesta. Rajoy se prepara para declarar como testigo en el “caso Gürtel”, pese a las resistencias de la Fiscalía, que consideraba redundante la declaración del presidente porque ya está acreditada la existencia de una caja B en el PP. Vivir para ver. Rajoy dijo que su declaración será un acto de “pura normalidad”. Resulta que lo anormal es que los presidentes de gobierno no visiten los juzgados. En el PP se limitan a la repetición de tópicos sobre el respeto a la Justicia y la necesidad de dejar trabajar a los jueces. No va con ellos, aspiran a que la cambiante actualidad, con atentados en Paris, “clásicos” de fútbol, derbis madrileños, etcétera, relegue a un segundo plano la pandemia de la corrupción.

Se equivocan. El asunto ha ido muy lejos. La “operación Lezo” evidencia una trama organizada desde el corazón de la Administración del PP. Lo siento por Esperanza Aguirre, la figura más destacada de su partido en los últimos quince años, pero con sus dos lugartenientes cazados, Francisco Granados e Ignacio González, debe dejar la vida pública. No porque lo diga Manuela Carmena, sino porque lo indica el sentido común. El incendio exige un cortafuego más amplio: el relevo generacional en el PP es una necesidad.