La operación Lezo es un golpe duro para el PP que sobrepasa la geografía madrileña. Hablar de algunos políticos corruptos en el interior de un partido impoluto es absurdo con la sucesión de escándalos que han surgido. Vaciar una empresa pública, como el Canal de Isabel II, para llevarse el dinero a bolsillos privados de los mismos gestores públicos arruina la credibilidad de un partido. Desde el año 2013, cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, el PP fue a contracorriente en el debate de la corrupción. En los apuntes de puño y letra del extesorero consta que Rajoy recibió sobresueldos, en negro, durante los años en que ministro, sin que el presidente hiciera otra cosa que negar todo de plano. A día de hoy, ningún dirigente del PP, ni de los de ahora ni de los de antes, admite saber nada de las empresas que financiaban a la cúpula del partido y al partido mismo. Un choque tan frontal entre la letra de Bárcenas y el testimonio de los interesados operó en contra de la solvencia política del PP.

Para afrontar esa situación, la estrategia del PP se apoyó en dos patas, por un lado negarlo todo y, por el otro, hablar a todas horas del repunte económico. Con el paso de los años, la recuperación económica es un hecho y a lomos de ellas ganó el PP las dos últimas elecciones generales (diciembre 2015, junio de 2016). El mensaje subliminal es algo así como que aquí nos permitimos ciertos enjuagues privados, pero sabemos llevar la nave del Estado. Para que la sociedad española fuera indulgente con los pecados de corrupción de la derecha fue necesario que la izquierda se convirtiera en una jaula de grillos. Si en 2015 se hubiera presentado una alternativa seria y creíble, el cambio político se habría producido. El radicalismo, el infantilismo, la renuncia a un discurso político de izquierdas en las instituciones fue la tabla de salvación del PP.

Pero todo tiene un límite. La operación Lezo es una nueva sacudida y la respuesta del partido es el escapismo. Nadie cree que Ignacio González, su hermano y un reducido entorno sean la excepción a la norma. El golpe es para todo el PP. En Asturias, donde está vivo el caso Aquagest con importantes dirigentes del PP investigados (imputados), no se libra de la crítica. Tengo ganas de comprobar si los viajes al extranjero de políticos maduros los pagan las tías carnales de avanzada edad con entregas en metálico. La cura a la corrupción del PP es el relevo generacional, pero el congreso fue en febrero y se cerró sin cambios.