En medio del atasco parlamentario de la Junta General del Principado, los dos grandes partidos, PSOE y PP, se las han arreglado para que la reforma del Impuesto de Sucesiones (elevar el mínimo exento del tributo a los 300.000 euros) se acoja al trámite de urgencia. De esta manera se reducirían los plazos a la mitad y para el mes de junio podría quedar aprobada la reforma. La economía de tiempo no impediría presentar y debatir enmiendas al proyecto, así como contar en la Cámara con la comparecencia de los expertos cuyo testimonio se considere interesante. En su día habían hablado de someter el proyecto a “lectura única”, pero sería un escándalo de importantes dimensiones que colaboraría a aumentar el desprestigio del Parlamento asturiano. Si un asunto de tanta importancia y calado social se tramita como si fuese una mera cuestión de orden se crearía un precedente muy peligroso que daría licencia para aplicar el método exprés a cualquier iniciativa conflictiva, siempre que tuviera una mayoría suficiente impulsándola.

La ausencia de sentido común, la complejidad de una Cámara fragmentada, la demagogia, y la falta de interés hace que no se pueda racionalizar el trabajo de los diputados al llenar la agenda parlamentaria de ocurrencias que la mayoría de ellas no merece registrarse porque tratan de asuntos ajenos a la competencia autonómica o porque no añaden nada a las normas aprobadas por las Cortes Generales. Las prioridades están alteradas y en vez de debatir de las cosas que interesan a los ciudadanos y sobre las que tiene poder decisorio el Principado (ejemplo, el Impuesto de Sucesiones), se pierde el tiempo con iniciativas absurdas. El objetivo principal de los grupos políticos es verse reflejados en los medios de comunicación. Sólo desde esta perspectiva se entiende lo que ocurre en la Junta General del Principado y por eso se va suprimir una sesión plenaria para hacer hueco a las ocurrencias de turno.

No hay que ser original, está permitido copiar. Fíjense cómo funcionan otras cámaras representativas y aplíquese el mismo método. Imagino que fuera de esta región, a nadie se le ocurre pedir ochenta comparecencias para informar sobre la Ley del Deporte, en el caso de que tenga algún sentido que una Cámara autonómica legisle sobre esa materia. Si los propios grupos parlamentarios no son capaces de introducir racionalidad en su trabajo, se pasará en un breve lapso de tiempo de la siesta al colapso. Lo que nos queda por ver.