EL DESAFÍO CATALANISTA
El desafío de los independentistas catalanes ya tiene texto y fecha. Los más de siete millones de ciudadanos empadronados en esa comunidad autónoma están convocados para responder a una pregunta de la que depende su destino y el de las generaciones venideras ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Las urnas les esperan el 1 de octubre.
Se había especulado con la posibilidad de que la consulta se celebrara el mismo día en que se conmemora la Diada (11 de septiembre), pero la Generalitat optó por el 1 de octubre, que es el día en que Franco fue nombrado jefe del Estado en una ceremonia que se desarrolló en la Capitanía General de Burgos. Durante cuarenta años, al terminar el mes de septiembre se celebraba el día de la «exaltación de Franco a la Jefatura del Estado».
Para llegar al disparate de la independencia –que es tanto como suponer que Westfalia Renania se separa de Alemania o Lombardía de Italia–, Cataluña recorrió un camino rectilíneo desde la transición. Los dos territorios gobernados por nacionalistas, Cataluña y País Vasco, fueron planteando exigencias de todo orden que tenían como finalidad empequeñecer o diluir el Estado en su territorio y aumentar el autogobierno.
Una pieza principal en el camino hacia la independencia fue la educación, que se utilizó para un doble objetivo, reescribir la historia y convertir el castellano en lengua de segunda. Así se logró la hegemonía nacionalista en la sociedad.
Los gobiernos de España practicaron una misma política basada en hacer concesiones y mirar para otro lado. Sólo hubo un plan: ganar tiempo; no buscaron otra meta. En ningún momento se plantearon una cuestión esencial: cuál es el techo legal y político del autogobierno de las comunidades. Dicho de otra manera, nunca se atrevieron a poner límites a los nacionalistas.
Minoría de edad
Siempre pensé que los gobiernos autonómicos, sin excepción, actúan como entes menores de edad. Gastan lo que quieren y cuando tienen problemas piden ayuda al Estado. En el caso de los nacionalistas, la minoría de edad ha tomado la forma específica del adolescente consentido, capaz de atemorizar, saquear y golpear a unos padres pusilánimes.
Cataluña optó por la vía pacífica; era algo que se apreciaba mucho en la larga época en que una rama del nacionalismo vasco (los que agitaban las ramas del árbol, según Arzallus) mataba a una o dos personas por semana, de media.
En esa etapa el Gobierno de España permitía que el castellano fuera arrinconado en la enseñanza y que Pujol pusiera los cimientos del negocio: cuando fue pillado por la Fiscalía en el ‘caso Banca Catalana’, salió el Gobierno socialista al quite.
A partir de 1999, Cataluña, en proceso de decadencia, empezó a utilizar conceptos nuevos, como fatiga fiscal, que andando el tiempo se transformaría en el mendaz ‘España nos roba’. Con Maragall de presidente de la Generalitat, el socialismo catalán se mimetizó con el nacionalismo. El derecho a la igualdad, elemento central del discurso socialista, se sustituyó por el derecho a la diferencia. Cataluña no podía ser como Extremadura o Andalucía.
Con la ayuda de Zapatero se aprobó un Estatuto de Autonomía anticonstitucional que el Tribunal Constitucional (TC) recortó para transformarlo en texto legal. El nacionalismo catalán nunca había recibido semejante varapalo y reaccionó descalificando al TC. Como salida de emergencia, Artur Mas pidió a Rajoy un modelo de financiación como el del País Vasco (el famoso cupo que les permite tener una financiación por habitante que casi duplica a la del resto de regiones) y Rajoy se lo negó. Entonces, los nacionalistas dieron un giro, abandonando el autonomismo y abrazando el independentismo.
Elites
El proceso que pretenden culminar el 1 de octubre nació de las elites políticas, está guiado por ellas y buscar satisfacer sus deseos. Los empresarios –la famosa burguesía catalana– no reclaman la independencia que es muy problemática para sus intereses. La sociedad, pese al bombardeo de los medios subvencionados (comprados) por la Generalitat, refleja en las encuestas un apoyo minoritario a la independencia.
La Administración autonómica, embrión del Estado independiente, está arruinada con una deuda de 70.000 millones de euros, calificada por las agencias de bono basura. Se financia gracias al Ministerio de Hacienda que paga las nóminas de los funcionarios y la compra de urnas para el referéndum de autodeterminación. Todo es una gran mentira.
Fiscales y jueces deberán estar atentos ante los presuntos delitos que se cometan en la preparación del referéndum, pero la ofensiva independentista demanda una respuesta política que Rajoy, hasta ahora, ha rehusado. No se puede callar cuando multan a los comerciantes por rotular en castellano ni se puede obviar el hecho de que el sueldo de Puigdemont (gana más del doble que Rajoy) salga de la cartera de Montoro.
Hay que decir cosas tan elementales como que por un voto de más no se puede independizar ningún país. Cuando las normas importantes requieren de mayorías cualificadas, un cambio de estatus tan transcendente como la independencia de un territorio obliga a contar con un apoyo muy amplio. Si un país se independiza por el 50,1% de los votos, se parte en dos.