Margarita Robles escogió un buen tema para estrenarse como portavoz parlamentaria del grupo socialista en el Congreso de los Diputados: la anulación de la amnistía fiscal aprobada por unanimidad del Tribunal Constitucional (TC). En su día fue una medida muy controvertida, porque un amplio sector de la clase política y de la ciudadanía piensa que las amnistías fiscales son inadmisibles, ya que no se puede dar un trato de favor a individuos que eludieron la obligación de contribuir a sufragar las cargas del Estado. A la amnistía de Cristóbal Montoro se acogieron 30.000 ciudadanos que regularon 40.000 millones de euros.

El varapalo del TC daba pie para criticar con dureza al presidente y a su ministro de Hacienda. Rajoy realizó una defensa desconcertante del Gobierno minimizando la decisión del TC al decir que la anulación se producía por un defecto de forma al utilizar la figura del decreto-ley, en vez del proyecto de ley (desde la 1ª Guerra Mundial a los gobiernos les encantan los decretos-ley que sirven para sortear el control del Parlamento). La argumentación es endeble porque la sentencia critica abiertamente la decisión tomada por el Gobierno. Para el TC no es una simple cuestión de formas. Pero, por encima de cualquier otra consideración, la defensa de Rajoy es una manifiesta torpeza, ya que ningunea una sentencia del TC justo en el momento en que plantea neutralizar el plan independentista de los nacionalistas catalanes con las resoluciones del alto tribunal. Primero se permite frivolizar con la sentencia del TC y luego le encarga desbaratar el referéndum de los separatistas. Qué falta de tacto.

Cristóbal Montoro respondió de una manera relajada ante la posibilidad de ser censurado por el Parlamento. Habló como si se tratase de un asunto menor. Sobre el fondo de la cuestión señaló que vino propiciado por la bancarrota en que se encontraba España cuando llegaron al Gobierno. Es cierto que la medida tenía como fin colaborar al equilibrio de las cuentas del Estado, pero después de legalizar 40.000 millones de euros, sólo recaudaron 1.200 millones. Como se trataba de reducir el déficit público, digamos que con la cantidad de dinero ingresada sólo pudieron reducir en una décima el desfase que había entre gastos e ingresos. Con otras palabras: la amnistía no solucionó ningún problema a España, aunque sirvió para hacer un favor a miles de acaudalados ciudadanos que preferían ocultar su dinero antes que declarar a Hacienda.