El Consejo de Estado, principal órgano de asesoramiento jurídico del Gobierno de España, ha emitido un dictamen, por unanimidad, en el que considera que el Ejecutivo tiene sobrados fundamentos para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma del Reglamento del Parlamento catalán, un instrumento diseñado para la aprobación exprés de la Ley del Referéndum y de la transitoriedad jurídica.

El “Parlament”, con los votos de Juntos Por el Sí y la CUP, aprobó una reforma del Reglamento de la Cámara que es una chapuza monumental. En ningún país libre se le niega a la oposición la competencia de presentar enmiendas a los proyectos de ley. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras retorcieron la lógica democrática para sacar adelante la Ley del Referéndum en una mañana, bajo la forma de lectura única y aprobada por una mayoría simple. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Se permiten dar lecciones de libertad y democracia amordazando a la oposición en el Parlamento, como discípulos aventajados de Nicolás Maduro. Los procedimientos democráticos no son negociables. Las leyes tienen una tramitación parlamentaria en la que participan los grupos de oposición. Prescindir de la oposición es sinónimo de prescindir del Parlamento. Puestos a seguir por la vía del autoritarismo, Puigdemont y Junqueras pueden escribir las leyes por su cuenta y publicarlas en el “Diari Oficial de la Generalitat de Cataluyna (DOGC)”. Con el citado reglamento y su método exprés, un día convocan referéndum y al siguiente impiden trabajar a todos los ciudadanos que no tengan un certificado oficial de saber hablar y escribir en lengua catalana. Estos señores consideran que el fin justifica los medios, y están dispuestos a declarar la independencia de Cataluña de cualquier modo, sin respetar la libertad de expresión, el pluralismo y demás principios democráticos.

En cualquier otra comunidad autónoma, esa forma de proceder del Gobierno tendría una fuerte contestación social. En Cataluña no es así, porque el campo está ya abonado, con multas a los comerciantes que rotulan sus negocios en lengua castellana, con el veto al castellano como lengua vehicular en Educación, etcétera. Detrás del ilegal referéndum de independencia, hay un intento serio del nacionalismo catalán por modificar el sistema político a su conveniencia. En la supuesta Cataluña independiente nunca se respetarían los derechos de los ciudadanos.