El análisis de la manifestación de Barcelona es muy difícil aislarlo de la batalla que se da en Cataluña entre las fuerzas constitucionalistas y el independentismo radical. Me permito calificar de radical la política que impulsa el Gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont, no porque oriente su actuación a convertir a Cataluña en un Estado independiente –hay diversos partidos independentistas por el ancho mundo que son moderados- sino porque lo hace saltándose a la torera la legalidad y tramitando leyes por el procedimiento de marginar en su elaboración a los grupos de la oposición. Los medios que utiliza la Generalitat para lograr la independencia no tienen parangón en las democracias occidentales.

La manifestación contra los atentados terroristas que causaron 16 muertos tenía un carácter unitario. Menos los yihadistas, todo tipo de personas con independencia de ideologías, credos y opiniones políticas podían desfilar tras la pancarta. Fue una marcha plural e integradora. Si los independentistas hubieran aceptado el carácter de la manifestación, tal como se había convocado, habrían quedado en una posición incómoda. Ver al Rey de España y al presidente del Gobierno sumándose al sentir colectivo por las calles de Barcelona, rodeados de cientos de miles de personas, difuminaba la imagen del conflicto artificial que los independentistas crearon. Por eso organizaron los abucheos y agitaron las esteladas, para tratar de transformar el rechazo al yihadismo en rechazo a los principales dirigentes de la democracia española.

Veinticuatro horas más tarde, Rajoy declaró desde Pontevedra que “estuvimos donde teníamos que estar”. Cierto. Los líderes políticos tienen que caminar con la gente en las grandes movilizaciones que reivindican los principios en que se basa la convivencia. Felipe VI y Mariano Rajoy, como otros dirigentes políticos de los partidos constitucionalistas, mostraron que su presencia en Barcelona es tan natural como en Zaragoza, Sevilla o Pamplona. Es muy importante no inhibirse para que los enemigos de la democracia no creen la falsa impresión de que Cataluña es una tierra de discurso único. Puigdemont anuncia que la Ley del Referéndum y el decreto de convocatoria de la consulta estarán aprobados antes de la conmemoración de la Diada (11 de septiembre). De ser así, se convertirán en delincuentes que la Policía tendrá que detener y llevar ante la presencia del juez.