Las palabras y las actuaciones de la Generalitat no concuerdan. Puigdemont asegura que el Estado no podrá impedir el referéndum porque habrá urnas y papeletas en los colegios electorales y la gente irá a votar. El consejero de Presidencia, Jordi Turull, asegura que el Ejecutivo catalán será leal al mandato del “Parlament”; con estas palabras quiere decir que si el poder legislativo aprueba la Ley de Referéndum, el Gobierno de la Generalitat convocará la consulta. Las afirmaciones de ambos parecen claras y concluyentes. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno catalán ni del grupo parlamentario de Juntos Por el Sí ha aclarado cómo y cuándo se va a aprobar la Ley del Referéndum. Los dirigentes de la CUP han insistido en que la llamada, “ley suprema” (Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República), y la Ley del Referéndum, se deben aprobar en el pleno de la Cámara a celebrar la semana que viene, pero la Generalitat calla.

Hay muchas dudas de carácter político y jurídico, así como temor ante la dimensión penal que puede conllevar tomar decisiones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).  Han aumentado los detractores ante la opción de la tramitación exprés (lectura única), tras haberla rechazado el TC. Más allá de finos argumentos jurídicos, entre las filas del independentismo cunde el temor ante la imagen que proyectaría el “Parlament” sacando normas a base de utilizar mecanismos espurios que no se utilizan en ninguna Cámara de la UE. La tramitación exprés no convence ni tampoco la súbita modificación del orden del día al empezar el pleno parlamentario para tratar y aprobar la Ley de Referéndum. Que en la misma mañana la Mesa del Parlamento admita la tramitación de una ley y el pleno la apruebe es una burla.

Hay una forma de ser operativos sin retorcer los usos parlamentarios que consiste en la utilización del decreto ley por parte del Gobierno de Puigdemont. Los decretos ley son un instrumento creado en la primera Guerra Mundial para sacar adelante normas puenteando al Parlamento. Por esa puerta nunca se hizo pasar una mercancía tan transcendente como la independencia de un territorio, aunque Puigdemont se puede arriesgar. El “Estatut” niega esa posibilidad, pero hace mucho tiempo que la Generalitat solo asume los artículos que le favorecen de las leyes. Queda un mes, y Puigdemont es capaz de aprobar dos normas por decreto (transitoriedad y referéndum) y la convocatoria de la consulta.