A los siete años y medio de empezar a fabricarse el “caso Renedo” conocemos, por fin, el desenlace. María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y medio de cárcel; a Marta Renedo le han impuesto nueve años y a José Luis Iglesias Riopedre seis años. Sobre los dos principales empresarios implicados en el “affaire”, Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), recae una condena de seis años y seis meses. La multa más elevada fue para María Jesús Otero, 2,5 millones de euros. Los dos empresarios tendrán que pagar 1,9 millones (Víctor Muñiz) y 1,5 millones (Alfonso Sánchez). Marta Renedo, 480.000 euros y José Luis Iglesias Riopedre, 400.000 euros.

No es fácil comentar las penas cuando se desconoce la sentencia. Tras anunciar a bombo y platillo que el 1º de septiembre se conocería, nos han suministrado el fallo. Tenemos el titular pero el relato de la noticia queda para otro día. ¿Cuáles son los hechos probados? ¿Cuál es la argumentación del fallo? De momento, interrogantes sin respuesta.

GRABACIONES

Al quedarnos sin los considerandos del tribunal, nos movemos por apariencias. Por el fallo se intuye que los argumentos de la Fiscalía han sido validados por la Audiencia Provincial. Nada extraño. Para un profano en la materia, el juicio del “caso Renedo” ha estado marcado por las grabaciones.

Mientras Riopedre ejercía de consejero de Educación y María Jesús Otero de directora general, la Policía Judicial obtenía la principal prueba de cargo. Autoridades y empresarios hablaban por sus teléfonos móviles con la soltura propia del que participa en una conversación privada: adjudicaciones, encargos, precios, compensaciones.

Todo de espaldas al Derecho Administrativo y con los dos pies metidos en el Código Penal. A cierta edad se recobra la inocencia, aunque no esté permitido disfrutarla.

En la vista oral, los acusados se acogieron a su derecho de no responder a la Fiscalía y a las acusaciones privadas. A partir de esta premisa, la suerte ya estaba echada. Las respuestas a las preguntas de sus abogados respondían a la lógica de un guion teatral escrito a cuatro manos, en que ambas partes, defensas y acusados, conocían preguntas y respuestas. La influencia de esos interrogatorios sobre el tribunal fue nula.

Recuerdo que en la vista oral del “caso Nóos”, los principales acusados, Iñaki Undargarin y Diego Torres, aceptaron responder a las acusaciones. Con independencia del resultado que les haya dado, es la única estrategia para hacer frente a pruebas de cargo sólidas.

Como no estamos ante una sentencia firme, todo indica que no serán enviados a la cárcel ni tendrán que pagar las multas hasta que diga la última palabra el Tribunal Supremo. La edad de los principales condenados abreviará su encarcelamiento en caso de producirse.

La condena a ocho de los acusados comporta 40 años y tres meses de cárcel, así como multas por valor de 6,7 millones de euros. Pero no se dice nada del dinero que deben devolver al Principado.

PRINCIPADO

Una auténtica anomalía que sólo se explica por el nefasto papel jugado por el Principado en el proceso del “caso Renedo”. Resulta que el principal perjudicado por las maquinaciones fraudulentas de los condenados, que se personó como acusación particular en el sumario, no tuvo a bien valorar los daños causados a su patrimonio ¿Esa es la forma de defender el bien público?

En la vista oral, la Fiscalía llegó a hablar de “caos contable” en la Administración autonómica, al encontrarse con operaciones, como el cobro de 248.000 euros de Maximino Fernández (empresario que colaboró en alguna ocasión), sin que exista documento público. Recordemos el juego que dio en el juicio el famoso expediente de la biblioteca de El Fontán. Otras veces los documentos estaban duplicados.

La apatía del Principado por cuantificar los daños causados llegó hasta el punto de pedir el archivo de las actuaciones al Tribunal de Cuentas, cuando dos expedientes llegaron a su poder. La Fiscalía se opuso.

Veremos ahora cuánto patrimonio se recupera. Cuando las defensas de los principales acusados trataron de negociar con el Principado llegaron a ofrecer cinco millones de euros y el ingreso en la cárcel. La oferta fue desdeñada. Ni en sueños podrá resarcirse el Principado por una cantidad tan elevada.

¿Cuál es la lectura política del fallo? Empecemos por lo obvio: una visión crítica sobre la gestión socialista. No hay duda. Sin embargo, me extrañaron mucho las declaraciones de los principales portavoces partidarios.

Según Cuervas-Mons, Areces debe abandonar el Senado. Si se aplicase esa vara de medir, tal vez el PP perdiera la mayoría absoluta en la Cámara alta. Emilio León (Podemos) deplora el bloqueo socialista a las medidas contra la corrupción. Jesús Gutiérrez (PSOE) alaba la capacidad de reacción de su partido al suspender a Riopedre. Ni Robespierre hubiera llegado tan lejos. Declaraciones rutinarias.

Hay un elemento diferencial entre el “caso Renedo” y el serial de corrupción de los telediarios. Nadie habló de asunto aislado. Nadie. Ni se demonizó a Riopedre. La instrucción fue tan larga y cerró tantas puertas que las rotundas condenas no terminan con la especulación. Tal vez algún día la explicación venga servida desde el periodismo.