El Tribunal de Cuentas ha exigido el depósito de una fianza de 5,1 millones de euros a nueve miembros del Gobierno de la Generalitat que participaron en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Si para el día 25 de este mes no entregan la cantidad demanda, procederán a embargar sus bienes. El Tribunal de Cuentas trata de recuperar el despilfarro de dinero provocado con la preparación de una consulta que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Valorado el coste de las actuaciones, entre las que se encuentra la compra de ordenadores por valor de 2,8 millones de euros, los políticos de la antigua Convergencia i Unió tendrán que responder con su propio peculio.

La noticia ha caído como una bomba entre los partidos del actual Ejecutivo catalán, Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana (ERC). Los principales dirigentes han caído en tal estado de excitación que no han hecho otra cosa que desbarrar. Carla Puigdemont y Oriol Junqueras se han puesto ante los micrófonos para decir que el “Gobierno ha vulnerado todos los procedimientos, saltándose el Estado de Derecho”; aseguran que se trata de “una incautación de patrimonio personal” y que ellos sí tienen un “respeto escrupuloso a la separación de poderes”. Si no fuera por su edad y sus aviesas intenciones, parecería que hablan como niños. Creían que podían llevar a cabo una actuación onerosa, declarada ilegal por el TC, sin que tuviera consecuencias. Se asombran de que les incauten el patrimonio personal, pero no le dan importancia al derroche público que ellos realizaron. Hablan de separación de poderes cuando diseñaron una norma, que ellos llaman “ley suprema”, que pone el poder judicial de la hipotética Cataluña independiente en manos del Gobierno de la Generalitat.

El primer político citado por el Tribunal de Cuentas es Artur Mas. Cuando dejó la Presidencia del Gobierno, forzado por la CUP, designó a Carla Puigdemont como sucesor. Le toca ahora Puigdemont sacarlo del lío y no lo va a tener fácil. Hay que poner cinco millones contantes y sonantes encima de la mesa y eso a un grupo de catalanistas de pura cepa les duele más que ceder un riñón. Es la primera vez en tres años que los independentistas van a pagar un coste por realizar actuaciones ilegales. Hasta ahora podían decir y hacer lo que les viniera en gana que no pasaba nada. El castigo público produce efectos pedagógicos de masas. Una buena reflexión para el primero de octubre.