Lluvia de querellas en Cataluña. Los vocales de la Junta Electoral catalana ya están empapelados. Pronto reconocerán sus nombres entre la tortuosa prosa judicial. La Fiscalía parece que opta por hacer una criba dentro de la larga lista de alcaldes rebeldes y, de momento, se conforma con querellarse contra los dos munícipes que presiden la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch. Ambos mandaron una carta a todos los alcaldes pidiendo que aprobaran un decreto dando apoyo al referéndum, y ahora van a tener que buscarse un abogado para defenderse de los tres cargos que penden sobre la cabeza de todas las autoridades públicas rebeldes: desobediencia, prevaricación y malversación; las informaciones sobre este asunto suelen acabar con la misma coletilla, “el último de los cargos conlleva pena de cárcel”. Primer mitin de la campaña del referéndum en la antigua plaza de toros de Tarragona. En el escenario, “Sí, Hola República”. Siete mil quinientas personas sentadas en las sillas y la arena. El responsable del local ya fue apercibido de que se trataba de un acto ilegal: no tardará en llegarle el papel de la Fiscalía que anuncia la querella. Los 55.000 ciudadanos que van a ser llamados a prestar sus servicios en las mesas electorales también pueden incurrir en delito. Los carteros han recibido la orden de aparcar las comunicaciones relacionadas con el referéndum. El Gobierno estudia la posibilidad de dejar sin energía eléctrica los locales elegidos para convertirse en colegios electorales; debido a ello, el voluntariado independentista regalará bolígrafos de capuchón azul –los de toda la vida- para cuando se acaben la carga de los ordenadores. Oriol Junqueras no le pasará justificantes de gasto a Cristóbal Montoro, así que el ministro no sabrá si destinan recursos para la consulta. Me queda la duda de saber si Montoro seguirá suministrándole dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat. De él viven los independentistas y los autonomistas: Cataluña entera. Las asociaciones de jueces avisan a los ciudadanos que los políticos de la Generalitat ya han perdido la condición de autoridades.

Hace tan solo unas semanas, cualquiera de los contenidos enunciados hubiera logrado por si solo el privilegio de encaramarse al primer titular del periódico. Ahora, los datos particulares quedan ocultos entre el esperpento colectivo.