La decisión de Oriol Junqueras de suspender la información al Ministerio de Hacienda sobre los pagos de la Generalitat ha tenido una respuesta del Gobierno en forma de ultimátum: si en 48 horas no retoma la senda de la colaboración, la transparencia y la comunicación de datos, el Ejecutivo intervendrá automáticamente la Hacienda catalana. El plan del Gobierno pasa por dejar de transferir recursos a la Generalitat, debiendo conformarse los independentistas con los tributos propios que representan el 10% de los ingresos totales de la comunidad autónoma. Si con el 100% de los ingresos tenían abultados déficit y eran la región más endeudada de España, resulta difícil de imaginar cómo se van a desenvolver al quedar intervenidos. El Estado asumirá los gastos en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, así como las nóminas de todos los funcionarios catalanes. El plan maniata al Gobierno independentista y es la medida más fuerte que puede tomar Rajoy sin recurrir al famoso artículo 155 de la Constitución. En la práctica supone dejar a la Generalitat sin los mínimos mecanismos de autogobierno, quedando con una capacidad de gestión muy por debajo de cualquier otra comunidad autónoma. La recentralización de las competencias es un hecho, ya que de poco vale tener nominalmente la titularidad sobre los servicios públicos si no pueden gastar o ingresar ni un euro.

Pronto veremos si el plan de Rajoy y Montoro es efectivo o tiene truco. Este verano, el ministro de Hacienda anunció un control exhaustivo de las cuentas de la Generalitat. Con aire de suficiencia, Montoro llegó a declarar que el referéndum no se celebraría porque no podrían destinar ni un euro a organizarlo. La garantía del fracaso de la consulta era el ministro de Hacienda. Ayer hemos conocido que la Guardia Civil requisó 100.000 carteles de propaganda. Queda claro que la Guardia Civil es más eficaz que el ministro.

Una de las cosas más formidables de este vergonzoso proceso son las reflexiones de los dirigentes independentistas al comprobar la respuesta del Estado de Derecho. Tras el ultimátum del Gobierno de España, Junqueras manifestó apesadumbrado que “ponen en riesgo la economía y las empresas y los fundamentos dela vida social”. No es consciente de la barbaridad cometida al saltarse la legalidad desde el gobierno. El verdadero daño a los intereses de Cataluña lo causan los dirigentes nacionalistas. Las gamberradas de la CUP no se las puede permitir la Generalitat.