En la fiesta de La Merced, día grande de Barcelona, las dos asociaciones que impulsan el referéndum de autodeterminación, Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, repartieron un millón de papeletas para el voto. Hasta la fiesta es un buen motivo para hacer campaña sobre la consulta del próximo domingo. La pasada semana, la Guardia Civil requisó diez millones de papeletas. El Gobierno continúa cerrando páginas web independentistas y acumulando efectivos policiales para la contienda del 1-O. El Gobierno de la Generalitat no está dispuesto a dejar a los Mossos de d’Esquadra bajo el mando de un coronel de la Guardia Civil. Si los 17.000 efectivos que tiene la Policía Autonómica catalana recibieran órdenes de un jefe de la benemérita la consulta no se llegaría a celebrar, porque sumados a los policías nacionales y guardias civiles nos encontraríamos con cerca de 25.000 agentes para 6.000 urnas, lo que garantizaría la imposibilidad de llevar a cabo la consulta. Juan Ignacio Zoido, como ministro del Interior, haría bien en prescindir de los Mossos para el primero de octubre, optando por organizar un despliegue más amplio de los cuerpos de seguridad que están dispuestos a defender las órdenes del Gobierno y el mandato del Tribunal Constitucional.

Es muy duro plantear en estos términos el pulso entre el Gobierno y la Generalitat, pero cuando uno de los dos bandos en liza hace caso omiso de las leyes y se burla de las decisiones de jueces y fiscales, la disputa queda reducida a la capacidad de coerción de unos y otros.