La tensión en Cataluña continúa “in crescendo”. A la primera reunión de coordinación entre los tres cuerpos policiales, bajo el mando del coronel de la Benemérita, Diego López de los Cobos, no acudió el famoso señor Trapote, jefe de los Mossos d’Esquadra. En su lugar asistió otro mando de la Policía Autonómica. No sé lo que pensará Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, pero a estas alturas es inútil confiar en la actuación de los Mossos d’Esquadra. Ya fue bastante elocuente lo sucedido el pasado miércoles, cuando la Guardia Civil y los funcionarios de Justicia entraron en la Consejería de Economía para registrar el departamento y tardaron casi un día en salir porque estaban bloqueados por los manifestantes ante la impasibilidad de los agentes de la Policía Autonómica. Es un cuerpo de 17.000 efectivos, clave para el control del orden público en Cataluña, pero  no se puede contar con ellos, desgraciadamente. Trabajan a las órdenes de Puigdemont, así que el día del referéndum quedarán cruzados de brazos, descargando sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil la responsabilidad de neutralizar las urnas. Por muy costoso que resulte, desde una perspectiva logística, no queda otro remedio que trasladar más agentes de los dos cuerpos nacionales a Cataluña. En principio, habrá que controlar seis mil urnas, y para eso hacen falta muchos agentes distribuidos por las cuatro provincias.

Tal como había advertido hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas dio a conocer la fianza solidaria que impone a Artur Mas y otros ocho altos cargos de su gobierno por el gasto que causaron a las cuentas públicas de la Generalitat con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entre los nueve tendrán que depositar 5,2 millones de euros. La mayor parte de ese gasto fue provocado por una compra masiva de ordenadores portátiles. Tres años más tarde les toca resarcir a la Generalitat. Imagino que saldrá en su auxilio la Asamblea Nacional Catalana que recauda fondos para una “caja de resistencia”.

Ante el cúmulo de ilegalidades que se están cometiendo, el Fiscal General del Estado manifestó que la detención de Carlos Puigdemont es “una posibilidad abierta”. A nadie puede extrañar que en los días que restan para la celebración de la consulta el Gobierno tenga que tomar medidas excepcionales para hacer frente a los planes de los rebeldes. En las redes sociales, con todo el descaro, el sector más radical llama a bloquear el puerto de Barcelona con tractores.