El drama del “procés” desemboca en la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Una fecha en la que colisionan frontalmente la voluntad independentista de la Generalitat con la ilegalidad de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional  ¿En qué circunstancias llegamos a esta cita histórica?

Los partidos agrupados en Juntos Por el Sí y la CUP, y las entidades que luchan por la causa del independentismo, como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, se encuentran eufóricos. Despliegan un activismo que no conoce el descanso nocturno.

Se han preparado febrilmente para la batalla haciendo acopio de  papeletas y sobres, diseñando estrategias de ocupación de los colegios electorales, amedrantando a los tibios para que vayan a votar, insultando a los que se atreven a criticarlos.

La Generalitat se hizo cargo del cuerpo del delito: las urnas chinas. Con tres “tuppers” así cualquier prestidigitador de tercera es capaz de sacar  un montón de pañuelos, palomas y media docena de repúblicas independientes.

Los nacionalistas llevan los niños a la calle para que participen en una hazaña histórica. Han abandonado su gusto por la vestimenta oscura para convertir la estelada  en uniforme obligatorio. Forman un torrente de emoción por el asfalto. Están convencidos de que van a ganar. 2017 debe ser la cara de una moneda que lleva inscrito 1714 en su cruz.

ANTECEDENTE

El factor clave para pensar que la quimera de la independencia puede llevarse a la práctica, por esa vía, estuvo en lo sucedido el 9 de noviembre de 2014, cuando Rajoy permitió que pusieran las mesas electorales en las aceras y publicaran los resultados.

Sacaron como conclusión que el Gobierno de España no se atrevía con las arbitrariedades del independentismo catalán. Cuando las instituciones no se hacen respetar, luego están obligadas a sobreactuar. Tras aquel ensayo general, quieren estrenar el esperpento.

El Gobierno de España opuso una estrategia fría contra el calor del catalanismo radical. Rajoy dio orden a los funcionarios de desbaratar el plan de Puigdemont y Junqueras. Los carteros no debían enviar las comunicaciones de la Generalitat al vecindario; los responsables de los colegios electorales no podían abrir los edificios; los fiscales y jueces debían instruir procedimientos contra los sediciosos; los Mossos d’Esquadra tenían que impedir las votaciones; la Policía Nacional y la Guardia Civil debían colaborar con los Mossos. Ni un gramo de acción política, todo procedimiento administrativo.

A estas alturas, ya sabemos que con la excepción de jueces, fiscales y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el resto no ha seguido el mandato del presidente del Gobierno con el celo que esperaba. La cosa se puso fea y Mariano Rajoy excusó de acudir al Consejo Europeo, convocado en Tallín (Estonia).

INFLEXIÓN

La crisis catalana tuvo dos puntos de inflexión. El primero se produjo en los días seis y siete de septiembre, cuando el Parlamento autonómico aprobó en un tiempo récord las leyes de referéndum y desconexión, violando la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara.

Unas sesiones parlamentarias bochornosas, en la que tuvo un especial protagonismo Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento, que llegó a declarar que no le importaban las resoluciones del Tribunal Constitucional, porque no se sometía a otra autoridad que la de los diputados.

Ante la opinión pública internacional, el nacionalismo catalán mostró su cara más antidemocrática al retorcer las instituciones al modo que lo hace Nicolás Maduro en Venezuela.

La secuencia de ilegalidades trajo como consecuencia una querella por desobediencia, prevaricación y malversación sobre los miembros del “Govern”. Y otra contra los miembros de la Mesa del “Parlament”, que dieron cobertura a esas leyes.

La espiral de los procedimientos judiciales dio más vueltas con las imputaciones sobre los alcaldes que cedieron sus locales a la Generalitat para la consulta. Algunos políticos y juristas dicen que fue un exceso, pero lo cierto es que la mayoría de las decisiones de los regidores se plasmaron en forma de decreto.

El otro punto de inflexión tuvo lugar con el registro de cuarenta sedes de la Generalitat y la detención de 13 altos cargos por la Guardia Civil.

Los independentistas se lanzaron a la calle y aún no han retornado a sus casas. Ante los socios europeos tuvo un coste alto la detención de políticos y los planes para impedir por el uso de la fuerza el uso de mecanismos electorales.

OPINIÓN PÚBLICA

Hasta hace un par de días, la opinión pública española estaba dormida, y los catalanes partidarios de la unión con España  vivían cohibidos.

La colocación de banderas en los balcones indica que algo se empieza a agitar. La manifestación  con banderas españolas en la plaza de San Jaime, centro institucional del catalanismo, indica  que la sociedad plural no se rinde.

Tras el 1-0, cuando el disparate se haya consumado con la declaración de independencia y haya que estrenar el artículo 155 de la Constitución, será muy importante que las calles reflejen la pluralidad que han querido ocultar las urnas chinas.