Puigdemont comenzó su segunda carta a Rajoy recordando los cimientos sobre el que se apoya la pretendida república catalana: el referéndum del 1-O. Sin temblarle la voz ni el pulso afirmó que la independencia tuvo en las urnas más votos que el Brexit británico y el “Estatut”. Este es un asunto nodal. Unas urnas opacas, con el recuento de papeletas realizado por voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, sin actas, sin junta electoral, y con la proclamación de resultados realizada desde la Generalitat, pretende homologarse a cualquier convocatoria a las urnas de los países democráticos. Los independentistas repiten como loros que votaron 2,2 millones de catalanes, una cifra imposible de cotejar porque fue el resultado de los interesados cálculos de la Generalitat sobre el número de votos que debían dar a conocer a la opinión pública internacional: muchos más que las papeletas depositadas, pero sin pasarse para mantener alguna apariencia de verosimilitud.

Tras echar en cara a Rajoy la represión y la falta de diálogo, el honorable se despidió amenazando al presidente del Gobierno: si no se enmienda, el “Parlament” podrá declarar la independencia que no votó el diez de octubre. Tras tanto despropósito, el Gobierno anunció que pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución. Horas más tarde, en la cumbre de la UE, las grandes potencias europeas cerraron filas con el Gobierno de España.

Lo que más llama la atención son las dudas dentro del PP y del PSOE sobre la aplicación de la medida. Rajoy prefiere que Puigdemont convoque elecciones a recurrir al artículo 155, y el PSOE, por boca de su portavoz, José Luis Ábalos, habla de una aplicación “muy, muy limitada a la prestación de servicios públicos que no deben verse afectados en su funcionamiento”; también dice que la intervención debe ser “lo más breve posible”. Es difícil dilucidar qué predomina más en las direcciones de PP y PSOE, si el miedo o la confusión política. El artículo 155 no significa el retorno de la Inquisición. La rebeldía de los independentistas, pertrechados en las instituciones, hace más que aconsejable su utilización. La declaración de Ábalos sobre limitar su aplicación a los servicios públicos es de aurora boreal. Un gobierno en rebeldía dispuesto a romper con España, y él pensando en autobuses, hospitales o universidades. Hay que hacerse con el control territorial de Cataluña; de no ser así, mejor pedirle una tregua a Puigdemont.