ARTÍCULO (155) PARA HOMBRES DE ESTADO
El Consejo de Ministros ha tomado una decisión histórica al activar el artículo 155 de la Constitución para intervenir en las instituciones autonómicas catalanas, destituyendo al ‘Govern’ y restringiendo las competencias del ‘Parlament’ que no podrá investir un nuevo presidente.
Desde los ministerios se llevará la gestión de la comunidad autónoma catalana, poniendo especial énfasis en todo lo tocante a la seguridad, Hacienda (ya estaba en manos de Cristóbal Montoro) y telecomunicaciones. Lo más lógico es que el Ministerio del Interior destituya a Trapero y ponga a otra persona al frente de los Mossos de d’Esquadra, un cuerpo policial que jugó un papel fundamental para que los independentistas pudieran salirse con la suya en el ilegal referéndum de autodeterminación.
El plan del Gobierno no me parece desacertado, pero está a expensas de lo que dictamine el Senado, un órgano en el que tiene mayoría absoluta el PP, aunque tendrá que aceptar las enmiendas que presenten PSOE y Ciudadanos.
Funcionarios
El mayor problema al que se enfrenta el Gobierno es de orden práctico: asegurarse que los 140.000 funcionarios de la Generalitat obedezcan sus órdenes. No basta con cambiar al máximo responsable de cada consejería para que las directrices de Madrid se ejecuten en Barcelona.
Hay medidas coercitivas que se pueden tomar para evitar el desacato, pero los empleados públicos ven cómo Carmen Forcadell despreció olímpicamente la orden del Tribunal Constitucional sin que le pasara nada. El victimismo, que es el resorte emocional del nacionalismo, está listo para alcanzar el estadio supremo: la inmolación. Los dos ‘jorges’ en la cárcel de Soto del Real demandan de los funcionarios de la Generalitat, fieles a su patria, un esfuerzo a la altura del momento histórico que viven: que cada estelada se convierta en una antorcha.
Soy pesimista sobre lo que se pueda hacer con esa gente. Creo que la Administración autonómica se va a tomar unas vacaciones y Montoro pagará religiosamente las nóminas. Tampoco es como para alarmarse, ya que si la Sanidad y la Educación funcionan con normalidad, no es motivo de preocupación que la burocracia se pase la jornada laboral navegando por internet.
Las movilizaciones callejeras, con sus performances, están aseguradas, pero si el Gobierno actúa con inteligencia, acabarán acusando fatiga. Mucho más impactante para el cuerpo electoral es la fuga de empresas. El Gobierno de Puigdemont está poniendo las bases para un empobrecimiento rápido y profundo. Es el primer gobierno de Cataluña que practica la política de tierra quemada. El electorado ya sabe que si el territorio se convierte en una república independiente sus hijos tendrán que emigrar a Aragón. Qué barata está la temporada de rebajas en Barcelona, que hasta los asturianos nos hicimos con Volotea.
Interrogante
El interrogante más inmediato es cómo se va a producir la transmisión de poder. Cómo van a abandonar los despachos Puigdemont y sus consejeros. Me temo que por la fuerza, como mártires de la república. Una situación muy tensa, pero en seis meses la digestión de la crisis conducirá a otras conclusiones: la independencia fue el objetivo insensato de unos aventureros que ni siquiera llevaban agua en la cantimplora para hacer la travesía desde un Estado de la UE a una pequeña república aislada del Mediterráneo.
En torno al artículo 155 de la Constitución se ha creado una leyenda negra pese a que nunca se ha utilizado. Es mucho más dañina la experiencia del Gobierno de Puigdemont, saltándose a la torera el ordenamiento jurídico, que anular su poder y devolver a la senda constitucional a Cataluña.
Los mismos que se rasgan las vestiduras ante el artículo 155 guardan un escandaloso silencio ante los desmanes del independentismo al frente de la Generalitat. Es sobradamente conocido lo que sucedió el seis y siete de septiembre, cuando la aprobación de dos leyes llevó aparejada la violación de todas las normas disponibles: estatales, autonómicas y reglamentos de la Cámara.
Mordaza
Sin embargo, no se repara en que desde entonces el ‘Parlament’ permanece cerrado por imposición de los independentistas. A la mayor crisis política que ocurre en Europa corresponde el único parlamento cerrado de la UE. Sólo lo abrieron una vez para escuchar a Puigdemont, restringiendo la libertad de los portavoces de la oposición a hablar diez minutos sin derecho a voto. Los independentistas amordazaron al Parlamento para dar voces en la calle.
El mayor problema para llevar adelante el 155 son los prejuicios de los aliados de Rajoy. Pedro Sánchez no quiere aparecer como socio estable del Gobierno del PP y debe atender a las indicaciones de Iceta. La principal baza de los independentistas está en los obstáculos que pongan los constitucionalistas al Gobierno.
En seis meses se puede dar un vuelco a la situación política, pero para ello hace falta saber que en medio de la corriente no se puede cambiar de caballos. La mayor amenaza para el Estado democrático, en sus cuarenta años de existencia, ocurre cuando tenemos el mayor déficit de hombres de Estado.