LA VENTANA DE OPORTUNIDAD
Entre la aplicación del artículo 155 de la Constitución decidida por el Gobierno y la aprobación por el pleno del Senado median cinco días laborables. Un periodo procesal oportuno para que Carles Puigdemont, aún presidente de la Generalitat, pueda convocar elecciones rompiendo los planes de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. No incluyo a Albert Rivera entre los damnificados ya que el líder de Ciudadanos siempre pidió la activación del artículo 155 con el único objetivo de adelantar las elecciones.
El portavoz del Govern, Jordi Turull, manifestó que la convocatoria electoral no está sobre la mesa. Basta que diga una cosa así para comprender que están sopesando pros y contras de disolver la Cámara. A los independentistas no les convencía la alternativa de las urnas porque querían hacer valer que el pueblo catalán ya había apostado por la independencia en el referéndum. Las elecciones serían como un paso atrás, cuando se consideran con el aval suficiente para gobernar en forma de república. Sin embargo, ahora pueden temer los pasos que dé Rajoy en la Administración catalana, una vez que el próximo sábado quede cesado todo el Govern. Quién sabe si las elecciones se retardarán gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado. Ante los amplios poderes que asume el Gobierno central los independentistas tendrían el magro consuelo de congregar todos los días a 200.000 personas en el centro de Barcelona. La alternativa del pataleo es un recurso frustrante para un grupo de personajes que detentan el poder en el territorio.
A lo largo de esta semana, Puigdemont tiene ante sí la ventana de la oportunidad. Puede proceder a la declaración unilateral de independencia en la sesión del Parlament, que ya está convocada, y posteriormente llamar a las urnas para iniciar lo que ellos llaman un proceso constituyente. Con los procedimientos sumarios que utiliza Carmen Forcadell, la república es una cosa que se ventila en una hora u hora y media, mientras que la disolución de la Cámara y el anuncio electoral es algo que podrá efectuar Puigdemont firmando un decreto de dos o tres líneas. Habría una incompatibilidad jurídica entre convocatoria autonómica, como señalan las leyes, y mandato constituyente, como porfían los independentistas, pero a estas alturas ya se cometieron tantos atentados contra la legalidad que parece una mera distinción semántica. Una razón para apostar por esta vía es que el artículo 155 deja a cientos de independentistas en el paro y ‘així no, noi’.