Frenético ritmo de reuniones en el palacio de la Generalitat. Hubo reunión del Consejo de Gobierno, y otros encuentros de carácter informal en los que participaron dirigentes de Juntos Por El Sí, Esquerra Republicana de Cataluña, miembros de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural. Lluvia de consejos para el atribulado presidente Carlos Puigdemont. Ya decidieron que el “president” no viajará a Madrid para defender en el Senado su postura ante el artículo 155 de la Constitución. En esa decisión probablemente hayan convergido razones de distinta naturaleza, desde el convencimiento de que la aplicación del artículo era imparable hasta el miedo de verse vapuleado en un debate de esa altura por Rajoy o Sáenz de Santamaría ante todos los españoles,  catalanes incluidos. La experiencia parlamentaria de Puigdemont es muy escasa, no pasa de ser un alcalde de Gerona con dos años de comparecencias parlamentarias tuteladas por Carmen Forcadell.

En el orden práctico, la renuncia a comparecer en el Senado, pese a la propaganda de la permanente disposición al diálogo de los nacionalistas, significa que el próximo viernes van a proceder a la declaración unilateral de independencia. De esa forma se pondrá fin a la ambigüedad. Ya no habrá que esperar cartas, llamadas o encuentros; el pulso de los dos bandos seguirá por otros derroteros: el Gobierno central tratando de hacerse con los resortes de poder de la Administración catalana y los independentistas poniendo en juego las más variadas formas de resistencia.

Para hacernos una idea cabal de lo que va a pasar es preciso despejar una incógnita: la convocatoria electoral. Los tres partidos constitucionalistas pactaron que haya elecciones el último domingo de enero, pero la cosa se puede complicar si Puigdemont firma la disolución de la Cámara unos minutos más tarde de haber proclamado la república. Esa medida puede crear la división entre PP, PSOE y Ciudadanos, y dará paso a un embrollo jurídico y político considerable. En el independentismo también habrá disparidad de opiniones, ya que la Cup y las organizaciones de masas (Asamblea y Ómnium) no quieren elecciones, mientras que sectores de PDeCAT y ERC ven con buenos ojos la propuesta de acudir a las urnas, pero esas diferencias no les impedirán luchar juntos contra la actuación del Gobierno. Intuyo que hablarán de invasión y de fuerzas de ocupación. El restablecimiento de la ley no ofrece atajos: hay que pasar por ese trance.