La jornada laboral empezó muy pronto para las preclaras mentes del “procés”. Entre las cero y las tres horas de la mañana estuvieron reunidos en el palacio de la Generalitat, el “Govern”, los dirigentes de la mayoría parlamentaria independentista y los representantes de los colectivos sociales pro-independencia (Asamblea y Ómnium). Entre todos juntos trataban de tomar la decisión definitiva: declaración unilateral de independencia o elecciones anticipadas. Un grupo tan amplio y heterogéneo no es el más idóneo para llegar a conclusiones, más aún cuando ya hemos comprobado a lo largo de la crisis catalana que se trata de un colectivo paradójico, con abundancia de cabezas y déficit de cerebro. Se disolvió la amplia reunión sin ninguna consecuencia práctica.

En un horario más convencional se reanudó el trajín laboral en la Generalitat, con Puigdemont reuniéndose con diversos interlocutores, atendiendo mensajes de dentro (CUP) y de fuera (Urkullu), negociando por vía indirecta con el Gobierno central, y jugando de farol al ofrecer la llamada a las urnas a cambio de desechar el artículo 155 de la Constitución y de conceder la libertad para Jorge Sánchez y Jorge Cuixart, los denominados “presos políticos” que provocaron la caída de cera derretida sobre el asfalto de la Diagonal, sin lograr que se cambie su régimen carcelario. Para los políticos independentistas no hay separación de poderes, por eso creen que el Gobierno puede conceder la libertad de los encarcelados.

Fracasado el intento de poner precio político a la convocatoria electoral, con renuncia a la independencia incluida, Carlos Puigdemont optó por inhibirse y dejar la cuestión en manos del Parlamento. La decisión más importante que puede tomar un presidente la traspasó al poder legislativo. A eso se llama estar a la altura de la responsabilidad institucional. Puigdemont se reveló como un aventajado discípulo de Pilatos. El debate parlamentario fue una pérdida de tiempo, porque la mayoría  independentista no quiere proclamar la república hasta que el Senado no apruebe la aplicación del artículo 155. Todo quedó aplazado hasta hoy. La declaración de independencia está a punto de producirse, porque el “president” ha delegado en la mayoría parlamentaria. La convocatoria electoral no es delegable, pero Puigdemont ya se cuidó de decir que no se daban las condiciones políticas para realizarla. En algún momento del día se aplicará el 155 a la república catalana.