La declaración de independencia de Cataluña ha dejado de ser una expectativa para convertirse en realidad. Al ser fruto de una decisión analizada hasta la saciedad, contemplar el parto del “Parlament” no añade nada nuevo. El núcleo dirigente del movimiento independentista se ha dado el placer de decir al mundo que ha nacido un estado nuevo que nadie va a reconocer. Un estado republicano que depende del Ministerio de Hacienda de España y rechazado por la mitad de los catalanes. Una república que se instala en el limbo de los estados no admitidos en los organismos internacionales y que utilizará  como medio de pago la moneda del euro, sin estar protegidos por el Banco Central Europeo, que es tanto como imaginar a Francia o España haciendo las transacciones en dólares sin cobertura de la Reserva Federal. ¿Qué banco soberano va a tener la Cataluña independiente en un marco semejante?

El independentismo, que es una opción política democrática con su correspondiente argumentario para convencer al público, se convierte en un disparate supremo cuando se gestiona como lo hizo la Generalitat: violando la legalidad, haciendo oídos sordos a las resoluciones judiciales, intimidando a los agentes económicos y despreciando la opinión pública internacional. Pese al narcótico de la ideología, todas estas cosas las saben los miembros del “Govern” y los diputados del “Parlament”. Entonar, repetidamente, “Els Segadors”, como si encabezara la lista de “Los 40 Principales”, no sirve para nada. Así lo evidenciaban las caras de consejeros y diputados, en la sesión plenaria, y lo corroboró la estrategia que utilizaron para iniciar un proceso constituyente sin atreverse a dar vivas a la república independiente de Cataluña. Situados entre dos abismos, la querella de la Fiscalía y la movilización de las bases independentistas, improvisaron una vía para evitar la cárcel y el descrédito de sus votantes. Un esfuerzo inútil que sólo sirvió para constatar que la comadrona de la nueva patria es la cobardía.

Rajoy contestó con dos armas, el artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones a la Generalitat para el 21 de diciembre. La primera era obligada porque no existe otra alternativa para recuperar la legalidad. La segunda es fruto de las presiones de sus aliados (PSOE y Ciudadanos) y de un cierto escepticismo ante la capacidad de actuación del Estado en Cataluña. La forma de despachar a Puigdemont y sus consejeros nos sacará de dudas.