Las decisiones tomadas el pasado viernes en el “Parlament”, en el Senado y en el Consejo de Ministros se concretan en dos planes sobre Cataluña de contenido incompatible. La mayoría independentista en la Generalitat va a tratar de levantar un aparato institucional de nueva planta para la proclamada república que incluye constitución, leyes, jueces y administración tributaria. En quince días tiene que tener nombrado ya un consejo asesor.

Por su parte, el Estado pretende despojar de poder institucional a las autoridades catalanas que se declararon en rebeldía y restaurar la legalidad; una operación que se completaría con las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

El desarrollo de los dos planes conlleva grandes dificultades. El bando de los independentistas sólo tiene consolidado el poder municipal, porque el “Govern” y el “Parlament”, sus dos baluartes, se encuentran en el punto de mira del Estado. Más que crear nuevas estructuras van a tener que concentrar sus energías en defender los bastiones que han tenido hasta el presente.

EL DINERO

No obstante, la mayor dificultad está en su dependencia económica. La Generalitat vive del Ministerio de Hacienda. Tiene cerrada la financiación en el mercado. El formidable endeudamiento –se espera que cierre el ejercicio con 77.333 millones de euros de deuda- no le permite acceder al crédito.

Como todo el mundo sabe el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) fue creado por el Gobierno de Rajoy en 2012, por la vía de urgencia, para suministrar dinero a la Generalitat con el fin de que pudiera amortizar los “bonos patrióticos” que había lanzado el mercado a un interés del cuatro por ciento. En el presente ejercicio de 2017, del FLA saldrán 25.894 millones para pagar los gastos de la Administración catalana. Sin la contribución del Ministerio de Hacienda la Generalitat sería insolvente.

Entre los pagos están todas las nóminas de los Mossos d’Esquadra que superan los 40.000 euros por cabeza: desde Trapero y los seis comisarios que se acercan a los 90.000 euros hasta el más novato de los agentes que cobra 34.000.

Sobre este particular es revelador que a principios de verano la Generalitat solicitara permiso para sacar 500 nuevas plazas de los Mossos d’Esquadra, cuando el Gobierno había autorizado 50 con cargo a los presupuestos. Interrogados por la razón de una oferta tan amplia, la respuesta fue premonitoria: “lo necesita la seguridad del país”. Los Mossos, con más de 17.000 agentes, se han convertido en un pequeño ejército que costea el Ministerio de Hacienda. La insumisión ante el poder central puede llevar aparejada la pérdida de sueldo.

LOS CESES

Al aplicar el artículo 155 de la Constitución, Mariano Rajoy se ha fijado como objetivos inmediatos la destitución de Carlos Puigdemont y los miembros del Govern, asumiendo sus funciones los ministerios correspondientes. Es evidente que los citados cargos son los máximos responsables de las ilegalidades cometidas, pero esa constatación no allana las dificultades que rodean el cese.

Si los personajes de este drama son consecuentes con el guion trazado se resistirán a dejar el cargo, ya que se supone que les toca dar los primeros pasos en la construcción de la república. Es más que probable que la Presidencia y las consejerías tengan redoblado el retén de policías que guardan las puertas de sus dependencias oficiales. Los funcionarios más cercanos, adictos al independentismo, harán piña con ellos.

Hay quien piensa que en la era digital tomar el poder no tiene nada que ver con ocupar los despachos, pero si las autoridades y los cargos de confianza siguen en sus puestos de trabajo, el funcionariado seguirá obedeciéndoles como sus jefes naturales. Las órdenes que llegan de Madrid por correo electrónico acabarán todas en la papelera virtual.

MINIATURA

El Estado, fruto del traspaso masivo de competencias, se ha empequeñecido hasta llegar a un tamaño mínimo en Cataluña. La lógica del Estado de las Autonomías dicta que los cargos autonómicos son los representantes del Estado. Una doctrina acertada cuando la relación entre las administraciones está presidida por la lealtad, pero cuando se entiende la descentralización como una estación intermedia hacia el destino final que es la independencia, la miniaturización del Estado sólo facilita los planes de los independentistas.

Llegado a este punto voy a incurrir en incorrección política: hace cuarenta años, sólo en las instalaciones que tenía el Ejército en Sant Climent Sescebes (Gerona) había casi 4.000 hombre armados; hoy hay poco más de la mitad en toda Cataluña. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional y Guardia Civil. La principal fuerza coercitiva que existe en Cataluña son los más de 17.000 uniformados que hay a las órdenes de Trapero.

La capacidad para embridar la Administración autonómica a través del artículo 155 de la Constitución se comprobará esta semana. Creo mucho más en los efectos que produzcan las actuaciones de los jueces que en la gestión con telemando de Rajoy.

Tras la desautorización sufrida por el Gobierno en la jornada del referéndum, no puede fallar más veces en la calle. El mejor estímulo para que progrese el embrión republicano es la impotencia del Estado.