La comparecencia de Carlos Puigdemont en rueda de prensa causó sonrojo, incluso, a aquellos que lo escuchamos a 1.500 kilómetros de distancia. El ex presidente de la Generalitat afirmó que tras votar la declaración de independencia en el “Parlament” se reunió el núcleo duro del independentismo y tuvieron conocimiento de que el Estado español iba a lanzar una ofensiva muy agresiva contra los funcionarios y las autoridades catalanas. Para prevenirse, medio “Govern” se fue a Bruselas y la otra mitad se quedó en Barcelona. Puigdemont y siete consejeros viajaron a “la capital de Europa” para denunciar la situación que vive Cataluña y el resto ejerce sus funciones como miembros del “Govern” en Barcelona. Ambos grupos trabajan coordinadas. Un relato fabuloso que lo completó diciendo que si en España hubiera justicia acudiría a los tribunales. Para explicar el escandaloso abandono de los miembros del Govern de sus responsabilidades ofreció una explicación alambicada. Veamos: el primer valor para el expresidente es la paz; y para proteger la paz y no causar perjuicio a los funcionarios acepta el coste de retrasar la república. No obstante desde la lejanía tiene el morro de pedir a sindicatos y funcionarios que luchen contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución para evitar la demolición de las instituciones de autogobierno. Evitó decir que viajó a Bruselas porque no le llega la camisa al cuello. Sabe que es un general que abandonó el campo de batalla dejando huérfana a la tropa. Es un político que no estuvo a la altura de sus responsabilidades e inventa historias fantásticas para cubrir su indignidad y cobardía.

La Audiencia Nacional ha citado para el jueves y viernes a los miembros del “Govern”, Puigdemont incluido. La Fiscalía los acusa de malversación de fondos, sedición y rebelión. La jueza ha aceptado la petición de la Fiscalía de una fianza conjunta de 6,2 millones de euros para los catorce miembros del “Govern”; si no la aportan en tres días sus bienes serán embargados. En las mismas fechas están citados en el Tribunal Supremo Carmen Forcadell y los cinco miembros de la Mesa del “Parlament” que dieron el visto bueno a la tramitación parlamentaria de la declaración de independencia. Se les acusa de los mismos delitos que a sus colegas del “Govern”. Los cargos públicos que más violaron las leyes e hicieron un mayor daño al bien común no pueden salir de rositas. Como decía Corcuera, los experimentos, con gaseosa.