La comparecencia de los principales cargos institucionales (Govern y Parlament) del independentismo ante el Tribunal Supremo (los parlamentarios) y la Audiencia Nacional (los miembros del Ejecutivo) acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales concentra la atención de la opinión pública española. Lo más interesante de la comparecencia estriba en la probable petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Hace quince días, los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron enviados a prisión por los mismos delitos, lo que constituye un precedente para lo que hoy decidan los jueces. Es evidente que cada persona investigada tiene unas circunstancias concretas y el juez debe valorar si hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas si la deja libre, pero no es arriesgado pensar que la Fiscalía proponga la medida de privación de libertad. Lo que decidan los jueces influirá en la precampaña electoral que se inicia esta semana, ya que la petición de libertad centrará la actividad de los partidos independentistas en el caso de que exconsejeros y exparlamentarios vayan a la cárcel. La propia composición de las candidaturas estará marcada por ese hecho, siendo mucho más fácil que se forme una candidatura unitaria entre PDeCAT, ERC y la CUP si el principal reclamo electoral es la liberación de los presos. La propia inclusión de algunos de ellos en las candidaturas es una opción que se baraja.