La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha accedido a la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel a los miembros del “govern” que acudieron a la citación judicial. Sobre el ex presidente, Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bruselas pesa una orden de búsqueda y captura. Desde una perspectiva legal, la decisión de la magistrada está justificada por distintas razones, al entender que hay riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y de evasión de la justicia, como ya han hecho los ex consejeros del “Govern” que están en Bélgica. En el auto hay un análisis del papel de los imputados en la trama para romper con la legalidad española.

Hay que distinguir entre aspectos judiciales y políticos. Es probable que la decisión de Carmen Lamela sea acertada al adoptar las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía. Otra cosa son los efectos políticos de enviar a la cárcel a las personas que hasta el otro día eran los consejeros del “Govern”. El sector independentista de la sociedad catalana había quedado desorientado y defraudado con la desbandada de los dirigentes de ERC y PDeCAT al aplicarse el artículo 155 de la Constitución. Posteriormente, el viaje de Puigdemont y su séquito de incondicionales a Bruselas, haciendo escala en Marsella, los dejó sumidos en la depresión. El encarcelamiento de sus representantes institucionales es un motivo fundado para retomar su actividad militante en las calles que es el sitio donde mejor saben hacer política, ya que en el Parlamento y en el Gobierno chocan con las normas y se saltan los preceptos. Reivindicar la república es un tanto difícil ya que fueron ellos los primeros que no creyeron en ella, pero organizar una campaña electoral con el lema de “para Navidades todos en casa” es más sencillo. A los dirigentes del PP, PSOE y Ciudadanos no les facilita el trabajo el encarcelamiento de sus potenciales rivales en las urnas; al contrario, es un inconveniente añadido, pero los jueces no pueden actuar en función de las consecuencias políticas de sus decisiones.

Querer alterar un sistema democrático por una vía no reconocida en las leyes es un delito en cualquier país serio. El independentismo es una opción democrática como cualquier otra, pero ninguna alternativa política puede llevarse a cabo orillando la legalidad. Si la actual crisis política sirviera para que todos entendieran que la Constitución es inviolable, podríamos darla por buena.