La entrega a la Policía belga de Puigdemont y los cuatro exconsejeros del Govern que lo acompañan tenía como misión evitar la detención, ya que en la imagen quedarían equiparadas las actuaciones policiales belgas y españolas. La idea que transmitió Puigdemont, en su primera rueda de prensa en Bruselas, de ser un ciudadano europeo que paseaba libremente por la capital de la UE se compadece mal con el arresto en la comisaría de Bruselas y su posterior traslado a la Fiscalía. No le pusieron las esposas, pero dejó de ser un ex presidente deambulando por la Grand Place. La estrategia de los políticos fugados se basa en distinguir entre la Justicia belga, imparcial y democrática, y la española, manipulada por el Gobierno del PP y autoritaria. La realidad que late en el fondo de la peripecia de los evadidos es bien distinta: huyeron de España para ganar tiempo en espera de que las elecciones del 21 de diciembre puedan dar paso a un escenario político distinto. La movilización de los independentistas, la posibilidad de formar una candidatura electoral unitaria y el sueño de una mayoría absoluta amplia podrían alterar su horizonte carcelario.

Los independentistas se creían blindados ante hipotéticas actuaciones judiciales porque pensaban que Rajoy maniataría al Fiscal General del Estado. No fue así. Rajoy confió plenamente en fiscales y jueces, pero tuvo muchas dudas sobre la eficacia de aplicar el artículo 155 de la Constitución, como lo demuestra el hecho de que su anuncio haya llegado acompañado de la llamada a las urnas. Una decisión que ha sido muy bien recibida por todo tipo de observadores, pero creo que contiene un riesgo mucho más elevado de lo que se reconoce. Lo ideal hubiera sido separar, nítidamente, las medidas extraordinarias derivadas del 155 de la convocatoria electoral. Primero se debería poner control en la desordenada y fraudulenta gestión de los independentistas y, luego, llamar a los electores. Sin embargo se ha optado por desalojar a los independentistas de las instituciones, pero sin dejar tiempo para hacer cambios de personas y métodos, de tal forma que tras un breve paréntesis de 50 días pueden volver los nacionalistas a hacer un uso torticero de las instituciones. Resultan patéticas las declaraciones de miembros del Gobierno diciendo que el funcionamiento de la Administración autonómica catalana es impecable. Mientras tanto, Puigdemont se postula como líder de una candidatura unitaria.