La huelga general apoyada por los partidos independentistas catalanes y por las organizaciones de masas que han llevado la iniciativa durante el “procés” ha sido un fracaso. La normalidad se ha alterado por la vía de cortar carreteras, pero en los centros de trabajo la actividad ha sido la propia de un día laboral. Como es habitual los protagonistas de la movilización, caso de la CUP o de ANC, se han congratulado del éxito para ocultar la frustración que les produce comprobar que fue un día de trabajo cualquiera. Una manera reciente de verificar el impacto de las huelgas generales reside en el consumo eléctrico, y en esta ocasión se ha comprobado que el consumo fue algo superior a los días previos a la convocatoria sindical. Los servicios mínimos funcionaron con entera normalidad. Si la movilización buscaba apoyar a los llamados presos políticos el resultado fue decepcionante. La concentración organizada para poner fin a la jornada de protesta sólo logró reunir a 25.000 personas en la plaza de la Catedral de Barcelona. Hay que hacer observar que el número de congregados fue facilitado por la Guardia Urbana de Ada Colau, que se caracteriza por inflar las cifras de los actos independentistas y por reducir a la tercera parte el número de participantes en las manifestaciones de los constitucionalistas. En resumen, muchas barricadas en autovías y carreteras, presencia normal de trabajadores en tajos y oficinas, y reducido seguimiento de las movilizaciones callejeras. Diría que el cuerpo social ha puesto las esperanzas en el papel taumatúrgico de las urnas para recuperar la normalidad y asume que la república fue el producto desdichado de una noche de otoño. Las urnas siempre significan el fin de un ciclo y el comienzo de otro, y en ese cambio de escenario muchos catalanes confían que se puedan restañar las heridas y que Gobierno sea generoso para poder pasar página.

La huelga general se queda en barricada parcial y Puigdemont volvió a conceder otra entrevista en Bruselas para degradar la causa que dice representar. En unos minutos dejó dos frases enjundiosas: “las 2.000 empresas se fueron por culpa de España”. Yo creía que las empresas trasladaban su sede social y fiscal fuera de Cataluña por la desconfianza que les generaban los independentistas. Y la segunda: “en el Parlament no se puede debatir porque lo cerró el Gobierno de España” Puigdemont sólo permitió dos sesiones parlamentarias entre el 7 se septiembre y el 27 de octubre.