La celebración del 39 cumpleaños de la Constitución ha servido para que los líderes políticos pidieran reformarla. Rajoy siempre había dado evasivas, pero ante la ofensiva del independentismo catalán, al inicio del otoño, tuvo que dar el brazo a torcer y aceptar la petición de los partidos de oposición, en especial del PSOE. En la actualidad los cuatro grandes partidos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) quieren reformarla. El consenso no ahoga las preguntas que brotan solas. ¿Está desfasada la Constitución? ¿Hay algún problema en España que se solucione reformándola? ¿Mejora en algo la estructura federal al actual modelo territorial autonómico? La respuesta a los tres interrogantes es no. La Constitución no es ningún obstáculo para resolver los problemas ni su reforma sirve de llave para solucionarlos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren introducir en su articulado una serie de derechos, pero la experiencia nos enseña que explicitar el derecho al trabajo y a gozar de una vivienda no ha servido para luchar contra el paro ni para acabar con los desahucios. Lo mismo ocurrirá con otros derechos sociales que resulten constitucionalizados. Adentrarse por la vía de las concreciones es un error, ya que algunas cosas deben plantearse de forma ambigua para que los distintos partidos puedan plantear proyectos de gobierno distintos sin ser tachados de inconstitucionales.

La Constitución no trajo la crisis catalana ni fue una rémora para afrontar la crisis económica ni impidió luchar contra la corrupción. Los principales dirigentes políticos deberían iniciar su reforma –como todos la quieren va a ser imposible detener la iniciativa- preocupados por no dejar la ley de leyes en peor estado que el texto original. Me conformaría con que trabajaran con ese ánimo antes de empezar a tachar artículos.

En España hace falta hacer política, tras años de estar sólo preocupados por el déficit público. Hacer política implica no dejar que se pudran los problemas, instrumentar reformas, aplicar leyes que no se cumplen y ahormar mayorías parlamentarias. Trece comunidades autónomas están en contra del cupo vasco; el Gobierno de Rajoy negoció una ampliación del mismo para los próximos cinco años que convierte al cupo en el mayor privilegio territorial de la España autonómica. Todo ello con el único objetivo de lograr que el PNV apruebe los presupuestos del Estado. Un disparate que no se remedia cambiando la Constitución.