En el ecuador de la campaña electoral catalana distintos asuntos inciden en ella. El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarenas, ha rechazado la petición de Jorge Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, de obtener permisos para salir de la cárcel y participar en actos de campaña. Sánchez es el número dos en la lista de PDeCAT, y también solicitaba licencia para conceder entrevistas a los medios de comunicación, en la cárcel, y la concesión de un horario amplio para estar conectado a Internet. El juez denegó todas sus peticiones, considerando que hay motivos suficientes para mantenerle en el régimen carcelario habitual. Considera que su decisión no perjudica a PDeCAT, que cuenta con 84 candidatos para difundir su mensaje. Los jueces continúan siendo la pieza clave del Estado para desbaratar el ‘procés’.

En el bloque constitucionalista destaca el papel de Iceta, que busca hacer un hueco tendiendo puentes al bando independentista. Un día declara que el Gobierno central debe asumir la deuda autonómica catalana –nada más y nada menos que 77.333 millones de euros, a final de año– y al otro que pedirá el indulto para los cabecillas del bando independentista que resulten condenados por su participación en el intento ilegal de convertir a Cataluña en una república independiente. Por el medio califica de «precipitada» la devolución de las 44 piezas de arte sacro al monasterio de Sijena. Con esta política tan personalista como arriesgada, ha logrado Iceta que suba el PSC en las encuestas después de llevar 14 años perdiendo cuota electoral en las citas con las urnas.