Ante nosotros una discusión apasionante entre síndicos (técnicos de la Sindicatura) e interventores, que es tanto como decir dos castas funcionariales, que tienen sus piques profesionales, su forma de interpretar las leyes y su manera de servir a sus señores. Un debate ajeno a la opinión pública que conoce los políticos que elige para gobernar las instituciones, pero ignora todo lo que tiene que ver con el alto funcionariado que permanece trienio tras trienio santificando o demonizando la gestión de los gobiernos.

Ayer leíamos perplejos los datos de la asilvestrada gestión presupuestaria del Principado y hoy, con no menos asombro, vemos cómo la Administración autonómica pone a la altura del betún la forma de trabajar de la Sindicatura. No pasa nada. Ningún responsable del Gobierno socialista se siente concernido: son cosas de técnicos; se trata de disquisiciones teóricas. Si lo que dice la Sindicatura no tiene ninguna trascendencia y puede quedar desactivado por el interventor de turno, entonces hay que cerrar el negocio. Para analizar las cuentas ya está el Tribunal de Cuentas, que no le tiene miedo al Principado ni le debe ningún nombramiento. No tiene sentido pagar suculentos sueldos a decenas de personas para que hagan un trabajo sin consecuencias prácticas. Uno de los males de nuestra democracia está en la debilidad de los organismos de control y regulación. El Principado puede hacer lo que no se le permite al Ayuntamiento de Yernes y Tameza.