Con independencia de la evolución que tenga este asunto en el juzgado, es importante que en las instituciones quede clarificada esta controversia. Uno tiende a pensar que si la Consejería de Hacienda elude el control parlamentario de la deuda es porque le resulta políticamente beneficioso, pero también creo que lo hace porque cuenta con informes técnicos favorables a esa actuación. Hay que ir hasta Cataluña para encontrar un gobierno capaz de saltarse a la torera los informes jurídicos de su propia Administración. Por otra parte, el hecho de que el TSJA haya emitido una sentencia en contra de la prórroga del presupuesto de 2013, anulando la autorización para la emisión de deuda, y el TS haya casado la sentencia, con pago de costas para el Principado, hace que la repetición del procedimiento en 2018 sea muy chocante. Máxime, cuando por el medio, la prórroga del presupuesto de 2015, con el mismo tratamiento para la deuda, fue duramente censurada por la Sindicatura de Cuentas.

Los jueces tendrán la última palabra sobre la legalidad del procedimiento seguido, pero políticamente hay que solventar este asunto en el Parlamento. Cuando hay sentencias de los más altos tribunales por el medio y dictámenes del principal órgano de control económico del Principado, no cabe quitarle importancia a la polémica argumentando que es una mera cuestión formal. No es inocuo que sobre una cuestión se posicione o no la Cámara. Las competencias del Parlamento no son amoldables a la coyuntura política. Es necesario que todos los grupos parlamentarios se posicionen, cosa que todavía no ha sucedido. La pausa navideña relaja la actividad política, aunque algunos la emplean para trabajo. Verbigracia, Coto y su grupo.