La oposición del centro-derecha quiere iniciar el año tomando la iniciativa parlamentaria. El asunto elegido es la gestión de la prórroga presupuestaria tras el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la prórroga de 2016. La disección que realiza la Sindicatura sobre la forma de administrar la prórroga deja una sensación de extrañeza que da paso al desasosiego, porque si las reglas básicas no se respetan o si el Gobierno socialista puede imponer una interpretación libre de la normativa, entonces huelga establecer controles. Cada uno hace lo que quiere, o lo que puede, y a otra cosa, mariposa.

El primer asunto a aclarar es la ya debatida cuestión de pedir o no autorización a la Junta General del Principado para prorrogar la deuda. El Ejecutivo tiene un indisimulado interés en obviar ese trámite. También es preciso dilucidar qué pasa con las facturas que están guardadas en los cajones. Hay una parte del gasto a realizar que se encuentra en el limbo, porque permanece oculto y sin contabilizar. Es un problema que está generalizado en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y tiene una gran entidad al falsear el estado real de las cuentas.

El programa de pago a proveedores, instaurado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía como objetivo acabar con la doble contabilidad entre las facturas reconocidas y las que dormían el sueño de los justos en los cajones de las administraciones autonómicas.