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Juan Neira

LARGO DE CAFE

DE DOGMAS Y OPINIONES

La oposición del centro-derecha quiere iniciar el año tomando la iniciativa parlamentaria. El asunto elegido es la gestión de la prórroga presupuestaria tras el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la prórroga de 2016. La disección que realiza la Sindicatura sobre la forma de administrar la prórroga deja una sensación de extrañeza que da paso al desasosiego, porque si las reglas básicas no se respetan o si el Gobierno socialista puede imponer una interpretación libre de la normativa, entonces huelga establecer controles. Cada uno hace lo que quiere, o lo que puede, y a otra cosa, mariposa.

El primer asunto a aclarar es la ya debatida cuestión de pedir o no autorización a la Junta General del Principado para prorrogar la deuda. El Ejecutivo tiene un indisimulado interés en obviar ese trámite. También es preciso dilucidar qué pasa con las facturas que están guardadas en los cajones. Hay una parte del gasto a realizar que se encuentra en el limbo, porque permanece oculto y sin contabilizar. Es un problema que está generalizado en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y tiene una gran entidad al falsear el estado real de las cuentas.

El programa de pago a proveedores, instaurado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía como objetivo acabar con la doble contabilidad entre las facturas reconocidas y las que dormían el sueño de los justos en los cajones de las administraciones autonómicas.

Por último está la cuestión de los avales, dados a Sogepsa y la Zalia, y las subvenciones que se conceden directamente sin pasar por ningún procedimiento de concurso. Es llamativo que sociedades tan discutibles como Sogepsa o la Zalia acumulen un nivel de deuda tan alto. Tal parece que no tienen ninguna capacidad para cumplir sus fines sin el rescate del erario público.

La concesión directa de subvenciones es nociva; cuando esa forma de distribuir el dinero se realiza a gran escala es muy difícil rechazar la idea de que hay una estructura clientelar amamantada por el poder.

Es preciso un debate parlamentario en profundidad que desemboque en unas conclusiones sencillas, precisas y vinculantes. Cualquier otra opción lleva a la frustración colectiva. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, no puede permitirse la frivolidad de relativizar los informes de la Sindicatura basándose en que el síndico mayor ya ha declarado que no son dogma. ¿Qué la parecen las sentencias del Tribunal Supremo? ¿También son opinables?

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por JUAN NEIRA

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