Algo parecido ocurre con el Impuesto sobre Patrimonio. José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó en 2008, justo cuando empezaba la crisis económica; el entonces presidente socialista actuó con desparpajo porque pensaba que el frenazo de la economía era un fenómeno pasajero. Zapatero fue el presidente más optimista de todos los habidos en nuestra democracia. Rajoy lo recuperó por el procedimiento de prórrogas anuales. Formalmente está derogado, pero el Gobierno lo activa por un periodo de doce meses. El pasado año, la recaudación del tributo aportó 1.257millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas. Si no se aprueba el presupuesto para 2018, resultará imposible prorrogarlo. Asturias perdería 20 millones.

Solucionar el problema del empobrecimiento autonómico está en manos de los partidos estatales. Si el PSOE y Ciudadanos consensuan las cuentas con el ministro de Hacienda, la recaudación no sufrirá ninguna merma. Parece que Ciudadanos está por la labor, pero Pedro Sánchez no está dispuesto a ceder. Recuerden, «no es no». Los presidentes socialistas podrían presionar a la dirección del partido y al grupo parlamentario, aunque no creo que ni siquiera lo intenten. La política española se permite extravagancias tan notables como que las cuentas del Estado pasen por la decisión de los partidos nacionalistas (vascos y catalanes). Como los autonomistas catalanes se han convertido al independentismo, el presupuesto del Estado queda en manos del PNV, un partido que gobierna en el País Vasco con el modelo de soberanía fiscal: competencia sobre el 100% de los impuestos. De locos.