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Juan Neira

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PARLAMENTO BLOQUEADO

Las negociaciones para formar una mayoría de investidura que permita elegir a un presidente de la Generalitat no han dado fruto positivo. Pese a toda la fama de gente comprensiva y tolerante que injustamente acompaña a la clase política catalana, una vez más se ha puesto de manifiesto que es gente liante y proclive a los conflictos. De la misma manera que llevaron a cabo el proceso independentista saltándose todas las normas que encontraron por delante, ahora chocan entre grupos que deberían ser afines para elegir a un candidato. En Junts per Catalunya hay dos formas de encarar la investidura, la que encarna Puigdemont, que entiende la sesión investidura como la oportunidad para reivindicar la republica catalana reprimida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que debería llevar a elegirlo a él como presidente, como paso previo para repetir el mismo gobierno, y los que apoyan a Puigdemont con la boca pequeña, pero aceptarían sustituirlo por otro dirigente del partido si los impedimentos legales resultan insalvables. En Esquerra Republicana de Cataluña se está a la espera del dictamen de los letrados de la Cámara para saber si es posible elegir a un presidente por vía telemática o a través del uso de persona interpuesta. En el caso de que el dictamen jurídico no sea favorable a esas esperpénticas formas de acceder a la Presidencia, los diputados de Esquerra apoyarían a un candidato propio. Los diputados de la CUP son favorables a la alternativa Puigdemont, siempre que recoja el compromiso de desarrollar el sistema jurídico del nuevo estado republicano, ya proclamado el pasado mes de octubre. Cada uno va a su bola.

A las diferencias entre los tres grupos que forman la mayoría independentista en la Cámara se suma la particular situación de ocho diputados –entre ellos los dos cabezas de lista que optan a la Presidencia– que están en el extranjero o en la cárcel. Encajar el puzle es más complicado que nunca. Otra posibilidad sería la investidura de Inés Arrimadas, pero para que eso fuera posible debería contar con la colaboración de Ada Colau y Pablo Iglesias, algo que ya se han apresurado a negar, por boca de Xavier Domenech. Como los problemas parlamentarios tienen una formulación aritmética, las dos alternativas posibles, la independentista y la constitucionalista, parecen bloqueadas. Esa situación la conocemos bien en España, ya que durante nueve meses de 2016 estuvieron las instituciones paralizadas.

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por JUAN NEIRA

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