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Juan Neira

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LAS EXPLICACIONES DE ZOIDO

Juan Ignacio Zoido y Carlos Puigdemont son los protagonistas de la actualidad catalana. El ministro del Interior ha rendido cuentas en el Congreso de los Diputados sobre la actuación policial en la jornada del referéndum de autodeterminación del primero de octubre. Casi cuatro meses más tarde de los sucesos, Zoido informó en el Parlamento. Con tanta tardanza el debate en la Cámara parecía más una sesión de historia que de política. La operación policial costó 87 millones de euros, una cifra elevadísima, aunque en ella participaron nada menos que 6.000 agentes. Lo que más encareció la factura fue el alquiler de los barcos, que costó 26,6 millones. Si el diseño autonómico español hubiese tomado como referencia el modelo de EE.UU. de distribución territorial del poder, la Policía española tendría cuarteles en Cataluña, como los federales los tienen en Lousiana, Wisconsin o Utah. Que funcionarios del Estado necesiten barcos para vivir en Cataluña es humillante.

Zoido fue el responsable político de una jornada aciaga en la que se cambiaron las órdenes dadas a la Policía cuando faltaban unas horas para abrirse los colegios electorales. El plan inicial era ocupar los colegios a primeras horas de la noche y esperar a que llegasen los voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural a las ocho de la mañana, impidiéndoles que organizaran las mesas, distribuyeran las urnas y colgasen las hojas del censo. A Zoido, o a sus superiores (Rajoy y Santamaría), les pareció mejor depositar un voto de confianza en los Mossos d’Esquadra, y dejar que ellos actuasen. Luego, ante la pasividad de la Policía autonómica y viendo que las votaciones se desarrollaban con normalidad, dieron la orden a guardias civiles y policías que entraran en los colegios, como fuese, y clausurasen la jornada electoral. El balance final es bien conocido, pero Zoido no dimitió ni reconoció el gravísimo error cometido ni se le vio compungido. En cuarenta años de democracia no hubo un fallo tan clamoroso en materia de orden público. Ningún ministro de Interior demostró tal nivel de incompetencia.

Mientras Zoido se explicaba en Madrid, Juntos Por Cataluña registraba en el Parlamento catalán una solicitud para que Puigdemont y otros dos diputados prófugos puedan acogerse al voto delegado en la sesión de investidura, a celebrar el día 31 del presente mes. A la Mesa del Parlamento le toca decidir. El conflicto está servido: Puigdemont o el Estado de derecho.

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por JUAN NEIRA

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