DÍAS DE FAMA
Como si todo estuviese planeado, mientras Carlos Puigdemont pronunciaba una conferencia en la Universidad de Copenhague, el presidente del Parlament, Roger Torrent, proponía que fuera candidato a presidir la Generalitat. Puigdemont repitió en tierras escandinavas la colección de asertos que lleva en la mochila desde que huyó de España: «El Gobierno encarcela a los adversarios políticos o nos obliga a exiliarnos para evitar la cárcel»; «las violaciones del Estado de derecho recuerdan a las de Polonia, pero la UE mira para otro lado»; «Cataluña quiere ser la Dinamarca del Sur»; «no vamos a rendirnos, formaremos gobierno en breve». Desde una perspectiva intelectual, el mensaje se desvanece solo, porque las actuaciones punitivas contra los dirigentes independentistas no provienen del Gobierno de España, sino de jueces y fiscales.
Precisamente, porque funciona el Estado de derecho, están en apuros Puigdemont y sus exconsejeos. Oír que Cataluña quiere ser la Dinamarca del Sur provoca vergüenza ajena, porque en los países nórdicos se respeta escrupulosamente la legalidad y tienen una economía saneada, no como la Cataluña nacionalista que en los últimos cinco años necesitó que el Estado le inyectara 63.000 millones de euros para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Tuvo una participación en la recaudación de los impuestos del Estado como cualquier otra comunidad autónoma, pero como allí se derrocha a espuertas, el Ministerio de Hacienda creó un fondo para financiar sus excesos: más de 12.000 millones cada año. Dinero que sale de las carteras todos los españoles para que lo cobren los catalanes.
Torrent advirtió que conoce la situación personal y judicial de Puigdemont, pero tiene absoluta legitimidad para ser presidente porque es el diputado que genera un mayor consenso parlamentario. El recién elegido presidente de la Cámara autonómica va a viajar a Bruselas y a las cárceles para entrevistarse con los diputados prófugos y los que están recluidos en las instituciones penitenciarias del Estado.
La Fiscalía pidió reactivar la euroorden de detención en cuanto pisó suelo danés, pero el juez instructor no aceptó la petición porque podría beneficiar a Puigdemont. Sutilezas jurídicas que resultan ininteligibles para los profanos en leyes. El Tribunal Constitucional acabará con el esperpento de ver a Puigdemont de telepresidente. Veremos qué hace entonces la cuadrilla que lo encumbra.