UNA METEDURA DE PATA COLOSAL
La crisis catalana entra en un nuevo e imprevisto capítulo con el rechazo del Consejo de Estado al deseo del Gobierno de impugnar la candidatura de Carlos Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat. El máximo órgano de asesoramiento del Estado señaló que Puigdemont es un diputado más y no tiene recortadas sus expectativas de ser presidente. Previamente al dictamen, Soraya Sáenz de Santamaría manifestó que es un prófugo sobre el que recaen graves acusaciones y no tiene «libertad deambulatoria completa». No conocía esa disquisición entre libertad deambulatoria completa o incompleta. Que una abogada del Estado hable así es de traca. El Consejo del Estado viene a decir que no se puede actuar preventivamente. Si Puigdemont trata de ser elegido telemáticamente la investidura podrá ser impugnada con total garantía y en caso de que quiera asistir al Pleno del Parlamento, podrá ser detenido y el juez Llarena decidirá si lo manda a la cárcel o le da permiso para asistir a la investidura. Esas son las reglas del juego. El Gobierno debe ser el más interesado en respetarlas.
Pues bien, pese al dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido impugnar la candidatura ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de que si es admitido a trámite su recurso quedará en suspenso la candidatura, y el presidente del Parlamento catalán tendrá que proponer a otro candidato para ser investido. La vicepresidenta del Gobierno indicó que se acogían a ese recurso para impedir que la candidatura de Carlos Puigdemont «produzca un daño irreparable».
Si el Gobierno de Rajoy conserva un átomo de capacidad para el análisis político, tras la vorágine de acontecimientos vividos en los últimos meses en Cataluña, deberá darse cuenta de que su decisión es un error de unas dimensiones semejantes al planteamiento que hizo ante el referéndum del 1-O. Si algo diferenció a las fuerzas constitucionalistas de las independentistas es el respeto a la legalidad, la supeditación a los dictámenes de los órganos de asesoramiento y la renuncia a utilizar espuriamente las cláusulas garantistas establecidas en los procedimientos del Tribunal Constitucional (TC). Dejar a Puigdemont fuera de juego, provisionalmente, para arriesgarse a que dentro de unos meses el TC lo rehabilite es una irresponsabilidad tremenda. Entonces sí que se produciría un daño irreparable para el sistema democrático. Los ‘indepes’ tienen la carta que necesitaban para reabrir la crisis institucional.