Rogelio Torrent, el nuevo presidente de la Cámara, ya ha visto lo caro que le salió a su antecesora, Carmen Forcadell, saltarse a la torera las advertencias del TC. Estoy seguro que ni él ni los miembros de la Mesa van a inmolarse por algo tan ridículo como avalar la descabellada aventura del prófugo más famoso de España. La solidaridad con Puigdemont caduca este invierno. La controversia de la investidura se acompaña de la invocación de principios éticos y jurídicos, pero se puede resumir en algo muy concreto: la negativa de Puigdemont a responder ante el juez de los actos ilegales cometidos en el anterior mandato. El resto de dirigentes del independentismo ha acudido a la llamada judicial, con la excepción de ese pequeño grupito que hace de séquito de Puigdemont en Bruselas. Por cierto, tres de los cuatro diputados electos que huyeron de España (Clara Pontasí, Lluís Puig y Meritxell Serret) ya han renunciado a su escaño, porque en caso contrario el independentismo habría perdido la mayoría, habida cuenta que hay, también, diputados encarcelados.

Carlos Puigdemont hace como que no se entera y quiere pedirle, desde la distancia, garantías al juez Llarena para asistir al pleno de investidura. Todo indica que el martes no se va a celebrar la prevista sesión de investidura porque Torrent comprobará que Puigdemont no se habrá presentado ante el juez. No hay que ser docto en leyes para saber que la pretensión del ex alcalde de Gerona carece de encaje en todos los sistemas parlamentarios.