Tras la confesión de Carlos Puigdemont a Antonio Comín, la política catalana ha recuperado la voz de la oficialidad, con el presidente del Parlamento reiterando que no hay otro candidato que el prófugo más famoso de España para encabezar el próximo Gobierno de la Generalitat y con la propuesta de Junqueras, desde la prisión, de otorgarle una presidencia honorífica a Puigdemont y otra de carácter ejecutivo (‘conseller en cap’) para un diputado que no sufra limitaciones legales para trabajar y desplazarse a donde sea necesario. Nadie habla de proponer un candidato alternativo para la investidura y todos discuten sobre el plazo que queda para tomar una decisión y evitar una nueva convocatoria electoral. Los magistrados del Tribunal Constitucional están hartos de resolver los problemas que crean los políticos catalanes, así que esta vez han dado a entender que pasarán meses antes de resolver el recurso presentado por el Gobierno del PP contra la candidatura del Puigdemont a la investidura. Según los cálculos de los grupos parlamentarios, a primeros de marzo quedará disuelta la Cámara si no invisten antes a un presidente.
Mientras las instituciones dan vueltas en torno a Puigdemont, la investigación judicial y policial sobre la ruptura de los independentistas con la legalidad española avanza sin pausa. El juez Llarena cita para los próximos días a Artur Mas (PDeCAT), Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP) y Marta Pascal (PDeCAT). Acudirán como investigados (hasta el otro día se decía, imputados) por desobediencia, sedición, etcétera. En sus mensajes telefónicos, el ilustre prófugo conjeturaba con una salida de la cárcel de los dirigentes independentistas (Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forn). Ayer vaticinábamos que habrá más entradas en la cárcel que salidas, y la citación judicial a los dirigentes citados puede ser la confirmación del vaticinio. Ante el mismo juez Llarena prestó declaración el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O. El coronel pronunció frases contundentes: la «prioridad de los Mossos era facilitar el referéndum».
Conclusión: la actuación judicial, por la vía del descarte, va a resolver el sudoku de la investidura.