Como esto último no ha sucedido, la agenda catalana está ocupada con el plan trazado por el fallido presidente de la república que quiere realizar una convocatoria de cargos electos en Bruselas (¿notificarán la convocatoria a los diputados de Ciudadanos, PSC y PP?) para que lo elijan como presidente de un fantasmal Consell de la República que gobernaría Cataluña desde la distancia. En Barcelona estarían ubicadas unas instituciones que obedecerían las órdenes del Consell y de su presidente. Una patochada que denigra a la clase política catalana y a toda la región, pero que todavía no ha rechazado nítidamente ningún dirigente independentista. Al contrario, desde ERC y la CUP insisten en que su candidato es Puigdemont. Claro está que de manera confidencial los dirigentes de ERC dicen que el plan no es viable porque será descalificado por el Tribunal Constitucional.

Para cualquier observador que siga la política catalana está claro que Puigdemont se encuentra inhabilitado para ser investido presidente. Su margen real de decisión se mueve entre dos posturas: quedarse en Bélgica o venir a España para ser encarcelado por el juez Pablo Llarena. No tiene opción de jugar ningún papel institucional. Siendo esto así, no se entiende que los elegidos para gobernar Cataluña pierdan tanto tiempo dando vueltas en torno a un imposible y, sin reparar, en el daño que causan a la imagen de la tierra que tanto dicen amar. Con la anulación de la república, el descabezamiento del movimiento independentista y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la única vía para transitar es el retorno a la senda autonomista. No hay otra alternativa. Fuera de la Constitución y del Estatuto de Autonomía sólo queda hacer la maleta y subirse a un avión para Bruselas. Puigdemont lleva camino de convertirse en el político que más daño causó a Cataluña, por encima de Artur Mas.