Adrián Barbón presentó la adaptación de las normas federales a Asturias, donde consta que la candidatura autonómica (las tres circunscripciones) será elegida por la militancia, o que los cargos de concejal o diputado no pueden disfrutarse por un periodo superior a los doce años (los presidentes autonómicos o alcaldes no tienen plazo de caducidad). La normativa está impregnada del intento de empoderar a las bases, como dirían los chicos de Podemos. Cualquier pacto institucional con otros grupos debe ser ratificado por la militancia: la infantería del partido contra las baronías. Es evidente que se opta más por seguir un modelo asambleario de toma de decisiones que por confiar en un sistema de democracia representativa, donde los cargos públicos asumen la responsabilidad de hablar y decidir en nombre del partido. La apuesta por la interactividad, propia de la sociedad digital, va en apoyo de las reglas de Pedro Sánchez, pero en un partido tan institucional como el PSOE surgirán resistencias a su aplicación.

En la propuesta de Adrián Barbón hay dos asuntos controvertidos: la potestad que se reserva la dirección para incluir a determinados afiliados en listas electorales y la compatibilidad entre cargos orgánicos e institucionales. Meter gente a dedo en listas es un gesto muy grosero cuando se quiere hacer un alarde de democracia dando atribuciones a las bases que nunca tuvieron. Al final el aparato, como siempre, exige su cuota de poder. La compatibilidad orgánica e institucional es el trampolín que necesita Barbón para encabezar la candidatura autonómica.