DEUDA, ENFERMEDAD SILENCIOSA
Las deudas inquietan, preocupan, a escala personal, familiar y deportiva (cuando penden sobre el club de nuestros amores), pero importan un comino cuando la deuda es del Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento. La deuda pública es deuda de nadie.
Una visión subjetiva que viene alimentada por el hecho de que jamás nos enteramos de cuándo ni cómo se paga. El paro y la inflación son los únicos indicadores económicos negativos que el ciudadano somatiza. El resto forma parte del farragoso debate político. Qué error.
España debe más que nunca. Una cifra inmensa, 1,14 billones de euros. Hace diez años debíamos una tercera parte. En cuestión de endeudamiento siempre estamos peor que ayer y mejor que mañana.
Uno entiende que en los peores años de la crisis económica (2008-2014) las deudas subieran como la espuma. La recaudación fiscal se había hundido y había que acudir a los acreedores para pagar las facturas, desde las nóminas de los funcionarios hasta las medicinas, el mantenimiento de las carreteras o la Dependencia. El recurso al crédito no es una operación banal, porque se contrae el compromiso de pagar intereses durante largos años, pero hay gastos necesarios que no se pueden evitar.
Crítica
A mi entender, la crítica al endeudamiento se hace particularmente pertinente a partir de 2014, cuando empieza a crecer el PIB, aumenta el empleo y con una deuda que superaba el 99% del PIB seguimos llamando alegremente a la puerta de los acreedores. Antes nos endeudábamos por necesidad, a partir de 2014 lo hacemos por rutina.
Las alarmas se disparan cuando el Banco de España nos informa que en el último año, con un crecimiento del PIB superior al 3%, se ha acelerado el ritmo de crecimiento de nuestras deudas. En doce meses la montaña de la deuda se ha incrementado en 37.424 millones. En los años más duros de la crisis, con Rajoy de presidente de Gobierno, la deuda del Reino de España (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) crecía a razón de 10.000 millones cada trimestre. En 2017 lo ha hecho a un ritmo de 9.360 millones cada tres meses.
Resulta desconcertante comprobar que el aumento del endeudamiento es casi igual en la etapa en que se habían reducido al mínimo los ingresos fiscales (las administraciones no tenían capacidad de pago) que en la actualidad, cuando la recaudación fiscal está en máximos históricos.
Nunca se recaudó tanto por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco). Sólo el Impuesto de Sociedades aporta ingresos por debajo de los años previos a la crisis, pero tiene razones para ello, ya que el gravamen se bajó diez puntos porcentuales.
Soy consciente de que las deudas, como la grasa corporal, una vez que se instala tiende a perpetuarse porque se suman los vencimientos de pago y los intereses, siendo difícil rebajar ambas variables a la vez, pero la culpa está, sobre todo, en la forma de gestionar que tienen nuestros políticos. Una comparación lo ilustra a la perfección. Basta cambiar de gestores para apreciar las diferencias. Veamos.
Privada
Cuando se inicia la crisis, la deuda privada (familias y empresas) alcanzaba el 200% del PIB. En esa fecha la deuda pública era del 39,4% del PIB. Tras nueve ejercicios consecutivos apretándose el cinturón, familias y empresas tienen un endeudamiento del 137% del PIB; redujeron las deudas en 570.000 millones de euros. Sin embargo, las administraciones públicas aprovecharon los nueve años para aumentar la deuda hasta rozar el 100% del PIB.
Podemos decir que el ajuste, en España, lo hizo el sector privado, con pérdida de empleo, rebaja de rentas salariales y de excedentes empresariales, enajenación de patrimonio y descenso del consumo. Un empobrecimiento a ojos vista, mientras las administraciones públicas mantenían su tren de vida.
Hay datos aislados que pueden valorarse como anecdóticos, pero resultan, a la vez, reveladores y misteriosos. Pese a la política de reponer únicamente el 10% de las plazas de las jubilaciones del sector público, hay alguna consejería del Principado que tiene a 1.500 trabajadores más que al empezar la crisis. Hasta la propia oposición ignora el dato.
Lo más curioso es que el Gobierno de España sabe cómo rebajar la deuda de las administraciones. Con un par de normas, el Ministerio de Hacienda logró que los ayuntamientos reduzcan todos los años el nivel de endeudamiento. En 2017, rebajaron los números rojos en casi el 10%. Ya deben menos de 30.000 millones. Van de superávit en superávit.
Sin embargo, las comunidades autónomas tienen barra libre, porque reciben créditos del Estado con un interés del cero por ciento y no tienen ningún miedo a la insolvencia, ya que el acreedor es el Gobierno.
El problema del Estado estriba en que la mitad de sus deudas están en manos de acreedores extranjeros, los mismos que asfixiaron a Grecia cuando vinieron mal dadas.
Con los tipos de interés en mínimos históricos, la deuda es una enfermedad silenciosa de la que no nos vamos a curar porque no nos sentimos enfermos. Ni Rajoy ni Javier Fernández ni el alcalde de turno piensan en ella: tira p’alante que libras. Los irresponsables de hoy son los insolventes de mañana.